Aumentan los desafíos que está plantando el crimen organizado a las fuerzas de seguridad estatales. Esta vez fue en Tula, Hidalgo, con un violento operativo que se distinguió por una detallada planeación que consiguió liberar a nueve reos que se encontraban presos en un penal de esa ciudad.

La forma en que los grupos de la delincuencia organizada están retando al Estado —durante distintos gobiernos— sobrepasan cada vez nuevos límites de lo que puede sacarse una conclusión: se ha perdido ya el temor de enfrentar a las fuerzas del orden y se pone en entredicho su capacidad de respuesta y, de paso, consolida la impunidad.

Emboscadas, atentados como el de Omar García Harfuch en la Ciudad de México, balaceras en sitios públicos, exhibición pública de vehículos rotulados con siglas de grupos criminales, rescate de reos de alta peligrosidad, cuerpos colgados en puentes, narcomantas y narcodrones, asalto a hospitales por parte de sicarios para eliminar a rivales o para liberar a heridos detenidos, ataques a cuarteles y estaciones de policía, inhabilitación de pistas usadas por el Estado, bloqueos, imposición de ley propia al interior de los penales, infiltración de los cuerpos policiacos, extorsiones, intimidación de elementos policiacos, militares y custodios, bombazos, quema de negocios como el Baby-O de Acapulco, asaltos tumultuarios, masacre de inocentes en Reynosa, ataques en comando, huachicol sin control, son solo algunas cuantas de las formas que está tomando el descaro de la delincuencia.

O la propia compra de complicidades que permitieron las dos fugas del Chapo Guzmán y la movilización de delincuentes para intentar su liberación tras su segunda captura o hasta el Culiacanazo que logró la liberación de su hijo Ovidio y que doblegó y humilló al Estado mexicano.

Lo sucedido en Tula por el rescate de un líder huachicolero, debe mover a hacer una revisión de la infraestructura de seguridad no solo municipal o estatal, sino también la federal. Se trata de plantar fuerza y respuesta pronta a estos desafíos, y precaución y labor de inteligencia para detectar puntos débiles de la seguridad nacional y para prever posibles acciones o reacciones de la delincuencia.

Si no se hace, la propia existencia del Estado mexicano y el poder para imponer paz y orden que le ha sido conferido por el pueblo, está en entredicho.

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