Tráfico de personas, el pendiente

Editorial EL UNIVERSAL

Han pasado 13 años de que nuestro país pudo ascender un peldaño en la clasificación de nivel 2 sobre trata de personas que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos, y desde entonces México no ha podido mejorar su posición en la atención a ese delito lesivo de los derechos humanos.

Y a pesar del reconocimiento que hacen las autoridades norteamericanas por el esfuerzo puesto por los mexicanos en contrarrestar el tráfico de personas, lamentan que no haya sido el suficiente ni que haya cumplido con lo requerido para obtener un ascenso en su escala de clasificación, considerando que no hubo incremento en la cifra de sentenciados ni de investigaciones, además de que se cometieron mucho errores en los operativos policiacos.

Migrantes e indígenas son víctimas frecuentes del tráfico de personas, a quienes el gobierno estadounidense recomienda al mexicano mejorar su situación mediante programas de protección y de persecución de culpables que incluya, para el combate e inhibición de este delito, mejoras en los sistemas judiciales que consideren además la erradicación de prácticas de corrupción en este ámbito específico.

Y es que pese a lo oprobioso de la trata de personas, se mantiene la complicidad de los funcionarios a quienes correspondería combatirla, algunos porque han sido comprados o porque han estado amenazados por los grupos delincuenciales implicados en esa actividad criminal.

Estados Unidos ha mostrado además preocupación por la forma en que la política de austeridad adoptada por su contraparte mexicana ha impactado de manera negativa en el combate a la trata de personas, por lo que teme que la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 vendrá a incrementar el descuido o la desatención en esta área de seguridad nacional.

Por tanto, desde Washington se sugiere a México acercarse a organizaciones internacionales y ONG para desarrollar estrategias enfocadas en la atención a víctimas, y en los que se considere la creación y equipamiento de albergues, así como la dotación de servicios y asesoría psicológica para evitar alteraciones emocionales en las personas afectadas por ese delito que deja en ellas graves secuelas postraumáticas.

Para ello es indispensable aumentar presupuestos o instituir nuevos programas de fondos que se destinen a la prevención del delito de trata de personas, así como a la capacitación de personal de seguridad que se especialice en su detección y combate. Es un trabajo arduo que se presenta en tiempos sumamente complicados.

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