Tarjetas por votos

Editorial EL UNIVERSAL

En el proceso electoral de 2012, cuando resultó ganador a la Presidencia el candidado priista Enrique Peña Nieto, levantó gran escándalo el reparto de tarjetas de Banco Monex y monederos electrónicos de un supermercado como parte de su campaña, en las que el PRI invirtió más de 4,500 millones de pesos y cuyo financiamiento nunca estuvo del todo claro, aunque los cálculos apuntaban a que había rebasado hasta 13 veces los gastos de promoción permitidos por ley. No obstante, el caso no pasó más allá de una sanción para su partido y él ejerció su mandato sin obstáculos ni consecuencias. 

Si bien desde 2017 el reparto de tarjetas y monederos electrónicos está permitida como una práctica legal dentro de las campañas electorales —toda vez que redunda en un beneficio para los posibles votantes—, en realidad es un acto abusivo, procaz y generador de inequidad entre partidos.

La entrega o la promesa de tarjetas es una práctica que, luego de ser inicialmente satanizada y equiparada a una compra descarada del voto y/o la voluntad de los votantes, hoy se ve extendida entre casi todos los partidos políticos y con frecuencia son el único beneficio real o el principal que llegan a recibir los votantes como parte de los programas de campaña. 

Como ejemplo está la tarjeta de Bienestar, repartida desde el gobierno actual hacia algunos sectores de la población como adultos mayores, jóvenes en edad escolar y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Pero más allá de sus muy cuestionables beneficios inmediatos, el uso de programas sociales y la entrega de recursos monetarios, como tantas veces se ha reiterado, no debe estar vinculado a objetivos electorales, lo que queda manifiesto en el hecho de que varios candidatos están condicionando la activación de las tarjetas a su triunfo en urnas.

Debe contenerse este tipo de acciones por parte de los partidos, puesto que tanto el reparto de tarjetas como el uso de programas públicos con fines políticos parece no acarrear hoy ningún tipo de consecuencias para quienes incurren en esa clase de acciones.

Estas cuestionables estrategias electorales hacen que la contienda en los comicios se vuelva una tierra de nadie y que la justicia, que en teoría debiera ser equitativa, no aplique igual para todos, lo que manda un mensaje de que es posible gozar de impunidad en el terreno electoral; más ahora que el Presidente denuncia a un candidato por ese motivo, pero hoy este diario demuestra que es una práctica generalizada. ¿Justicia selectiva? 

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