Este lunes la posibilidad de un ambiente de diálogo y respeto entre alcaldes electos y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México pareció alejarse luego de que los primeros fueron frenados en su intento por llegar a la sede del Congreso local, donde buscaban dialogar con legisladores que analizarían reformas legales para disminuir las atribuciones de quienes encabezarán las alcaldías desde el 1 de octubre.

El grupo de alcaldes fue detenido por una valla de elementos de seguridad —similares al extinto grupo de granaderos. Las acciones para detener su paso llegaron a los golpes.

Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, terminó con la nariz ensangrentada y con acusaciones directas a la autoridad local de haber enviado a policías para frenarlos. Desde el gobierno capitalino el mensaje fue de deslinde y de “extrañamiento” por lo ocurrido, pero la lectura que queda es la agresión a opositores desde corporaciones policiacas.

La crispación política en la capital sube de tono a unos días de iniciar el proceso de transición entre autoridades salientes y entrantes. Estará a prueba en la ciudad la capacidad de colaboración entre fuerzas políticas opositoras; situación que no es nueva en el país ni tiene porqué representar un obstáculo.

Ningún partido debe olvidar que, desde la ciudadanización del Instituto Nacional Electoral, la alternancia política en el poder es cada vez más frecuente y el diálogo respetuoso una necesidad imperiosa.

Toca al gobierno de la Ciudad ofrecer apertura y garantizar el apoyo institucional a quienes asumirán como alcaldes en un mes.

El resultado que quizá menos previó el partido en el gobierno, en las elecciones del 6 de junio, fue la derrota en nueve alcaldías de la Ciudad de México.

Desde esa fecha hay un nuevo balance político en la capital del país que obliga a la jefatura de Gobierno a generar condiciones de gobernabilidad, pues los habitantes no pueden ser rehenes de confrontaciones partidistas. Las diferencias ideológicas deben quedar en segundo término cuando lo central es la calidad de vida de millones de personas. Esa debe ser la prioridad.