El Universal presenta hoy en sus páginas dos situaciones, dos caras de un mismo problema, el de la violencia y la desigualdad ante la justicia que prevalece para las mujeres y de los magros avances que se han alcanzado para ellas al interior de una sociedad dominada por hombres.
Por un lado, una investigación realizada por este diario descubre que en los últimos ocho años, de 50 varones menores de edad que en nuestro país cometieron feminicidio o intentaron hacerlo, menos de la mitad —23— recibieron una condena judicial, y de ellos sólo nueve pisaron la prisión por un periodo que no excedió de los 5 años de encierro.
Por otra parte, el Censo de Población y Vivienda 2020 revela que son realmente pocos los avances que las mujeres han obtenido como sector de la sociedad, reflejándose apenas en un leve descenso en la tasa de natalidad —es decir, que son significativamente menos las mujeres que se están embarazando actualmente en comparación con décadas anteriores— así como una ligera baja en la cantidad de embarazos en edad temprana, lo que habla de una pequeña toma de conciencia por parte de la sociedad del rol que se debe dar a las mujeres y de la importancia que tiene que se desarrollen en aspectos como el educativo, el cultural o el laboral, para lo que requieren no estar supeditadas al cuidado de un hogar o de los hijos. En este sentido se menciona que ellas registran una mayor participación en el mercado laboral, a comparación de lo que acontecía en el siglo pasado.
Pero hay una realidad incontrovertible: parece que las mujeres siguen en este país con un estatus de facto como ciudadanas de segunda clase, y así podría confirmarlo el hecho de que a un varón adolescente matar a una mujer le implica a lo mucho una condena de solo cinco años en prisión y de tan solo dos si el sistema judicial lo excarcela antes, mientras que los montos económicos que hay que pagar por resarcir el daño por arrebatar la vida a una mujer, apenas si alcanzan un máximo de 75 mil pesos.
De igual modo, los lentos avances sociales para las mujeres en los 20 años transcurridos del siglo XXI a duras penas se han podido traducir en tímidos logros en sus condiciones educativas o laborales.
Lo que se esperaría de la actual administración del país es que reduzca sus quejas sobre marchas y tiempos electorales y explique en el marco del 8M lo que va a hacer para mejorar las tan desalentadoras cifras en materias tan dispares como seguridad, procuración de justicia y avance social para las mujeres. Si ellas están mejor, todos estaremos bien.
