Han pasado muchos años y parece que sigue sin entenderse que el de la seguridad se trata de un problema compartido por ambas naciones, y que las armas que se fabrican y se venden allá sin gran control, su compra por parte de grupos delictivos de este lado de la frontera se traduce en muertes, terror e incertidumbre.
Asimismo, las drogas que aquí se cultivan o maquilan, y que van a dar del lado estadounidense, dejan también entre la población de ese lado una serie de secuelas dañinas que resultan muy difíciles de sanar o superar.
Hoy que inicia en la Ciudad de México la primera edición del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre los gobiernos de Estados Unidos y México, se espera que los representantes de ambas naciones tengan presente que abordarán un problema multifactorial y a todas luces de carácter bilateral.
Del lado estadounidense hay un añejo problema con el consumo de estupefacientes y otras drogas, así como un descontrol en la venta de armamento de todo calibre.
En tanto, México tiene un problema con el crecimiento del poder de las organizaciones criminales que ganaron fuerza al amparo del cultivo y comercio de sustancias prohibidas que, en un primer momento, se producían exclusivamente para satisfacer la demanda de un mercado clandestino que se hallaba al norte del Río Bravo, pero que ahora buscan inundar otros mercados, incluso más allá de los océanos.
Este empoderamiento de la delincuencia en México transgrede cada vez más nuevos límites, y está llegando al grado de desafiar y comenzar a dictar a los gobiernos las condiciones bajo las que se va a dar su relación con los poderes legalmente constituidos. Estos criminales exigen ya a los gobiernos establecidos tramos de control para lo que ellos llaman “brindar seguridad” y cesión de regiones para operar sin ser molestados por las policías o el ejército.
El llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos es que ya se pongan de acuerdo de manera urgente en materia de seguridad, pues los dos son responsables del cuidado de la ciudadanía que los eligió. Se requieren toma conjunta de acciones y no simples paliativos aplicados de forma unilateral.
Si la Iniciativa Mérida ya dio de sí, no pudo resolver los problemas y ha sido superada por nuevos contextos de violencia, se requiere de nuevos análisis sobre las características de la delincuencia de ambos países, lo cual necesariamente deberá cristalizar en un nuevo plan bilateral adaptado a los nuevos tiempos y necesidades.