Todo indica que el partido oficial Morena gobernará más de la mitad de los 15 municipios más violentos del país, algunos en la región michoacana de Tierra Caliente y otros en la franja costera del Pacífico que representa un singular interés para las actividades de trasiego de estupefacientes por mar.

El ejemplo revelador de lo candente que están los territorios donde ganó el partido oficial es el puerto de Manzanillo, que en las estadísticas de violencia destaca como el municipio con más asesinatos en proporción a su población, como consecuencia de una lucha entre el CJNG y el cártel de Sinaloa por el control de sus instalaciones.

El peligro de la consolidación de una narcopolítica preocupa a varios expertos en seguridad consultados por este diario, quienes concuerdan que la incursión encubierta del crimen en la política se revela en la serie de atentados contra candidatos que en algunos lamentables casos terminaron con la pérdida de la vida de unos o con la salida de la contienda de otros, por obvias razones de seguridad personal.

En cualquier encuesta que se levante, el de la seguridad es para los mexicanos el tema más apremiante a solucionar en el país, por encima de otros esenciales como el empleo, la educación o la salud.

Hay tambien preocupación del gobierno de Estados Unidos, manifestada por su vicepresidenta Kamala Harris, por el tránsito de fentanilo a través de los puertos mexicanos, con especial énfasis en los pertenecientes a municipios gobernados por Morena, en donde se ha detectado la influencia de dos cárteles de la región del Pacífico.

De aquí a la siguiente elección presidencial, tendremos un termómetro muy preciso de la capacidad del partido oficial para cambiar el panorama de violencia en el país. Tendrá ahí el gobierno una difícil prueba si pretende aminorar la ola de violencia, pues ya su experiencia le debería conferir un rango de acción más específico sobre los puntos a combatir.

Hasta ahora ha habido señales encontradas, estrategias contradictorias: una oferta de “abrazos, no balazos”, pero con un subtexto de militarización progresiva que al parecer se va a concretar con la remoción del mando civil sobre la Guardia Nacional.

Es necesario que se ponga especial vigilancia en esas entidades y municipios, para verificar que los mismos están libres de toda relación con grupos delincuenciales que pudieran haber influido en su victoria en las urnas, ya que de confirmarse esto se estaría ante uno de los casos más graves de corrupción que se hayan registrado en la historia del país, y sería una contradicción hacia una de las banderas de lucha del gobierno actual.