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El artero asesinato de tres mujeres y seis menores ocurrido a la luz del día en un camino entre los límites de Chihuahua y Sonora parece confirmar que la estrategia de seguridad requiere una revisión urgente para corregir errores o para adoptar una nueva dirección.
La comunidad mormona LeBarón, a la que pertenecían las víctimas, ha vivido en la última década bajo el acoso de grupos del crimen organizado. En 2009 tuvieron su primera mala experiencia con la inseguridad cuando Erick LeBarón, de 17 años, fue secuestrado. En esa ocasión hicieron pública la decisión de no pagar el rescate de un millón de dólares que exigían para la liberación. Al final el joven fue liberado sin que se pagara un peso. Apenas dos meses después, el activismo del grupo en contra de la violencia tuvo como consecuencia el asesinato y secuestro de dos miembros de la comunidad: Benjamín LeBarón y Luis Widmar. Desde entonces han recibido amenazas recurrentes.
Los LeBarón son el ejemplo emblemático de las fallidas estrategias de inseguridad en México. Desde 2009 cuentan con protección de la Policía Federal, pero esto no impidió la masacre del lunes. La zona en la que están asentados se ha caracterizado en los últimos 10 años por ser una región violenta, pero ninguno de los distintos gobiernos estatales (Chihuahua y Sonora) ni tres diferentes administraciones federales han logrado modificar ese escenario.
La misma historia de personas y corporaciones incapaces para modificar situaciones de inseguridad se replica en varias regiones a lo largo y ancho del país, donde la violencia no cede a pesar de la llegada de nuevos gobiernos. Por el contrario, se ubica en otro nivel. Si antes la autoridad se justificaba con el argumento de que se trataba de una violencia que tocaba exclusivamente a grupos del crimen organizado, ahora se ha rebasado ese umbral y los delincuentes amenazan a toda una ciudad, como lo ocurrido el pasado 17 de octubre en Culiacán, o atentan de manera directa contra mujeres y niños, como en lo sucedido a la familia LeBarón.
Casi nada ha cambiado respecto a lo que ha venido ocurriendo en la última década en el país. Minatitlán, Coatzacoalcos, Uruapan, Aguililla, Tepochica, Culiacán, Bavispe… todas esas localidades son referencias a hechos de sangre registrados en lo que va del año.
Los mensajes y llamados de conciliación a criminales no parecen ser suficientes; por los acontecimientos, podría señalarse incluso que no parecen temer a la fuerza del Estado. Explorar otras rutas suena obligado.
