Seguridad: desafío político

Editorial EL UNIVERSAL

En un giro inesperado, por primera vez el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador hace a un lado los discursos triunfalistas o negacionistas y reconoce que podría fallar en su objetivo, si ya no de erradicar, sí por lo menos de aminorar la violencia de gran escala que sacude a todo México.

Así, la meta principal en materia de seguridad será pacificar a la nación, pues de ello dependerá el “crédito histórico” que dará a su gobierno y su proyecto de transformación.

Si bien AMLO insiste en que no se puede combatir al fuego con el fuego y que no es partidario de la mano dura, manifestó que apostará por atender a las causas que generan la desigualdad social y confía en que así se podrá reducir la violencia. Criticó a los gobiernos anteriores al suyo porque con su combate al crimen, se portaron igual que los delincuentes.

La violencia a gran escala parece ser ya una constante en el país y los criminales cruzan límites que marcan una mayor degradación en la que inocentes son víctimas cada vez más frecuentes. Crímenes que antes se cometían en parajes solitarios y a altas horas de la noche, ahora se efectúan a plena luz del día y en sitios públicos, porque el mensaje es claro: se trata de intimidar por igual a gobiernos, sociedad y grupos rivales.

Dijo que por eso se reunió esta semana con gobernadores y seguirá reuniéndose con los que faltaron para trabajar de manera coordinada. Es una decisión correcta para que todos los niveles de gobierno se involucren en la resolución del problema. Es hora de un sobreesfuerzo para contener la violencia que no cesa. Ahí están los ejemplos de Nuevo León, Michoacán (Aguililla y la región de Tierra Caliente) y Chiapas.

En este impulso, bien podría revisarse la experiencia obtenida con estrategias como la Alianza por la Seguridad, que se instrumentó en el estado de Nuevo León hace 10 años y que consiguió reducir la violencia en la entidad, hasta que el programa fue presa de su propio desgaste y carencias.

Una década después y con un partido en el poder distinto, la inseguridad que azota al país —desde crimen organizado hasta delincuencia común— constituye un desafío político para el gobierno.

Lo criticable es insistir en la política de abrazos no balazos, que lleva implícia la orden para militares y Guardia Nacional de no caer en confrontaciones, lo cual ha generado hechos de clara humillación para sus elementos, como hace una semana en Aguilila y más recientemente en Oaxaca.

Reconocer que a la mitad del sexenio no hay resultados en la eliminación de la violencia es un acertado primer paso; lo imperativo ahora es cambiar la estrategia, antes de que sea tarde.

 

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