Ahora que se ha dado a conocer que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta un preocupante aumento de afectaciones en la salud mental de los habitantes del continente americano, como consecuencia del estrés producido por la pandemia de Covid-19, se hace un llamado a no descuidar o desatender y por el contrario reforzar los servicios especializados para atención de desórdenes emocionales o conductuales.
En diversos estudios efectuados en el continente, los especialistas han encontrado que el impacto del confinamiento y la crisis económica que trajo consigo la pandemia por coronavirus se tradujo en diversas afectaciones al estado anímico de los habitantes, y que fueron desde angustia, ansiedad y depresión, hasta violencia intrafamiliar, maltrato infantil, agresiones en razón de género e incluso suicidio, así como un perceptible incremento en las adicciones y los delitos.
En este contexto, la OPS detectó que en Las Américas existe un grave déficit de personal capacitado para la atención de desordenes y enfermedades de origen mental, amén de que algunos centros especializados dejaron de brindar servicio, lo que se reflejó en un elevado porcentaje de la población a nivel continental que no está recibiendo atención médica o psicológica, con repercusiones en su salud emocional que podrían tornarse permanentes.
Por no ser visible como otras patologías, el de la salud mental es el rubro más despreciado y no se le da la importancia que mereciera, en especial si se considera que azotes graves de la sociedad como la delincuencia, los feminicidios o la violencia en general, incluso la intrafamiliar, son frecuentemente expresiones de desórdenes en ese campo.
Por lo anterior es que la OPS recomienda que los países americanos destinen hasta 6% de sus presupuestos de salud a la atención de los desórdenes emocionales y mentales, pues se encontró que en promedio algunas naciones apenas invierten un 2% en ese ámbito, por lo que es amplio el sector de la población que no está siendo atendido en ese sentido.
En México no existen estudios concluyentes al respecto, pero en el extranjero se ha podido comprobar que gran parte de la población carcelaria presenta algún tipo de trastorno mental o de personalidad. Lo que lleva a hipotetizar que una buena parte de los delitos podrían ser prevenibles con un adecuado sistema preventivo de salud mental al que no se le escatimaran recursos ni atención pública.