A río revuelto

Editorial EL UNIVERSAL

La expansión de las zonas de influencia de los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones delincuenciales es una de las consecuencias directas que el confinamiento en el que se encuentra México por la pandemia de Covid-19, ha traído como nueva normalidad sobre la población mexicana en su relación con los grupos criminales que operan de manera local en distintos puntos de la República.

La expansión de las zonas de influencia de los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones delincuenciales es una de las consecuencias directas que el confinamiento en el que se encuentra México por la pandemia de Covid-19, ha traído como nueva normalidad sobre la población mexicana en su relación con los grupos criminales que operan de manera local en distintos puntos de la República.

Un análisis de la Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), organismo internacional que recaba información y elabora estadísticas sobre protestas y violencia política, mantiene a México como uno de los 10 países con peores conflictos de seguridad internos y a la par de naciones en estado de guerra civil o bajo el yugo del terrorismo, como Líbano, Yemen, Somalia y Afganistán, entre otros.

En el informe dado a conocer en Bruselas, Bélgica, la ACLED lamenta que en el caso mexicano la emergencia sanitaria haya sido de utilidad para que el crimen organizado pudiera expandir sus territorios e incluso, a su juicio, pudieran sobreponerse al confinamiento y mantener sus “negocios” en niveles similares a los que venían sosteniendo antes de declararse el cese parcial de actividades a fin de contener el avance de los contagios en México.

La ACLED reconoce que algunos delitos como el secuestro, el narcomenudeo, la extorsión, la trata de personas y el saqueo de combustible se redujeron casi en la misma proporción en que la gente dejó de estar en las calles o disminuyó la actividad comercial y los desplazamientos por tierra.

Lo que sí no disminuyó fue la violencia, incluso con la aprehensión de líderes criminales como la de José Antonio Yepez Ortiz “El Marro”, cabeza del Cártel de Santa Rosa de Lima, cuya detención hizo hacer declaraciones triunfales al gobierno federal, asegurando haber reducido prácticamente a la mitad los homicidios dolosos en Guanajuato tras la captura, cifra que luego se vio con el paso de los días que los asesinatos en realidad se recrudecieron, tras una muy breve pausa, debido seguramente al reacomodo de fuerzas al interior de la organización criminal y su confrontación con grupos rivales por el control de la región.

También el fallido atentado cometido por el Cártel Jalisco Nueva Generación contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, se dio en el contexto de la pandemia.

Son tan solo dos botones de muestra de que los cuerpos de seguridad nacionales no deben ceder terreno y no permitir que la delincuencia se beneficie del periodo especial que vive el país, especialmente con el debilitamiento en que deja el Covid-19 a México.

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