Ante las presiones del sector privado y de organizaciones sindicales, el gobierno accedió a aplazar la discusión sobre una posible erradicación del outsourcing, que es la subcontratación o tercerización de trabajadores por parte de las empresas y que ha derivado en el deslinde de muchas compañías con respecto a sus obligaciones patronales.
Fue un llamado a analizar a profundidad esta polémica práctica del ámbito laboral para dar los pasos hacia una regularización que impida que se cometan los abusos que la han caracterizado y en los que el propio gobierno ha incurrido, pues la administración pública federal destina, por concepto de servicios de limpieza, 185 millones de pesos a empresas de outsourcing, algunas de las cuales operan de forma irregular.
Si desde el gobierno también se fomenta el outsourcing, no puede jactarse entonces de tener calidad moral para condenar a las empresas del sector privado que lo hacen. Es una ironía que eso que tanto condena, lo tenga en su propia casa.
La autoridad que debería velar por los derechos de los trabajadores contribuye con su permisividad a alimentar esta práctica que tantas veces ha calificado como nociva y contraria a las conquistas laborales.
Y es que el outsourcing por sí mismo no es malo, pero muchas empresas han encontrado en este recurso la manera de eludir sus responsabilidades en perjuicio de sus trabajadores.
Representantes de la iniciativa privada como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, lamentan lo que llaman visión de corto plazo de los políticos encargados de regular los temas laborales, así como su negligencia a no analizar las consecuencias de las acciones que toman, asegurando que prácticas de subcontratación laboral como el outsourcing y el insourcing pueden ser positivas, si se les da el manejo adecuado.
Salazar advirtió que erradicar el outsourcing podría tener consecuencias desastrosas para la economía —“en vez de quitar las manzanas podridas, talan el árbol y nos quedamos sin nada”, dijo hace poco—, lo que coincide con lo expresado por Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, quien alertó del riesgo de perder inversión extranjera y que, por el contrario, ve en esta práctica una importante herramienta para generar empleos. Precisó que insistir en su eliminación podría poner a nuestro país en un “tercer mundo laboral” y cancelaría las oportunidades de crecimiento.
Se trata de un tema delicado que requiere de un análisis más a fondo y evitar su satanización per se, pues de él, con todo y sus desventajas, dependen miles de trabajadores mexicanos.
