La organización no gubernamental estadounidense Freedom House, a través de su informe Libertad en la Red 2020, revela dos aspectos preocupantes del uso del internet en nuestro país: uno el que México sea una de las naciones en las que más restricciones y obstáculos se ponen a la navegación de los usuarios; y otro el que desde el gobierno se mantienen mecanismos institucionalizados de manipulación ideológica, control y represión sobre los internautas.
Según Freedom House, una ONG en favor de la democracia, la libertad política y el respeto a los derechos humanos, se han detectado instrumentos gubernamentales que no sólo vigilan la actividad de los usuarios de internet, sino que también tienen la capacidad de lanzar ataques —incluso físicos— y hostigar a ciudadanos que en las redes sociales estén lanzando acusaciones contra el gobierno, así como contra periodistas, activistas y organizaciones civiles que cuestionen las acciones del Estado.
Tanto para Freedom House, como para otros organismos independientes como la mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el Estado echa mano tanto de la manipulación de contenidos como de herramientas tecnológicas que actúen como filtros para actividades que pudieran comprometer la estabilidad del gobierno, e incluso puede lanzar campañas de hostigamiento o hasta ataques coordinados contra personas o entidades específicas, tanto para desacreditarlos socialmente, como para neutralizarlos.
Y ahora que se ha puesto a discusión la posibilidad de regular las redes sociales bajo el argumento de proteger a los usuarios y la defensa de la soberanía nacional en el ciberespacio, se alerta que bajo esa intención podría darse lugar a una restricción a las libertades y el acceso a la información que hasta ahora existen en la esfera digital.
Si bien en el otro lado del espectro quedarían los aspectos oscuros de la red como los ataques a la privacidad, el robo de datos y la usurpación de personas, y hasta las fake news y la propagación de ideologías y discursos de odio o discriminación, todo intento por encontrar un punto medio lo más justo posible en la actividad digital de los usuarios debe tener siempre como eje de equilibrio la libertad de expresión.
Ahora que se ha pospuesto la iniciativa para regular las redes sociales empujada por la fracción oficialista en el Senado, ojalá se replantee para que no haya dudas en lo que se busca regular, pues no se trata de poner límites a la libertad de expresión, sino más bien deben ponerse a debate aspectos como la licitud del uso de los datos por parte de las redes para cuestiones publicitarias y actividades que afecten la privacidad de los usuarios, o que difundan discursos de violencia o discriminación.