¿Proyecto fallido?

Editorial EL UNIVERSAL
Nación 06/01/2022 02:52 Actualizada 02:55
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Con planteles en algunas regiones que apenas si dan servicio a menos de 20 alumnos, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) están lejos de cumplir la función para las que fueron pensadas e incapaces de convertirse en una opción viable para atender la creciente demanda de educación superior entre la juventud de México.

Con presupuestos multimillonarios (tan sólo el año pasado se le destinaron 987 millones 400 mil pesos), esta nueva opción educativa que forma parte del proyecto de la Cuarta Transformación demuestra una falla de planeación y una carencia de estudios y sondeos previos para detectar necesidades específicas de la población a la que supuestamente va dirigida.

Y en el caso de las universidades que ya están funcionando, falta una investigación entre los jóvenes para identificar las causas de su baja o nula demanda por ellos como grupo social, y quienes deberían ser los principales beneficiarios de este servicio.

¿A quién corresponde ajustar los proyectos que una vez concluidos no muestran rendir el beneficio prometido? Siendo el propio gobierno el que establece sus tiempos y objetivos, se carece de una entidad que verifique que las obras y objetivos se van cumpliendo en tiempo y forma.

Alguien debe evaluar los programas y propuestas que llevaron a la creación de entidades como las Universidades del Bienestar y llevar un registro y análisis de su cumplimiento, y verificar su rentabilidad, no desde un punto de vista como negocio destinado a generar ganancias económicas, sino con un enfoque en su utilidad social, y el cumplimiento del beneficio colectivo para el que fueron pensados y creados.

Tratándose de un proyecto con utilidad social, se requiere rendir cuentas a la sociedad mexicana, que es finalmente la que está costeando su construcción y puesta en marcha. El gasto ahí está pero ciertamente no se refleja en resultados finales tangibles ni en un funcionamiento óptimo que desahogue a las otras opciones públicas de educación superior.

Cabría preguntarse por el papel de la Auditoría Superior de la Federación, que sería la entidad estatal encargada de auditar las partidas presupuestales para estas obras y supervisar el uso y destino de los recursos proyectados para echar en funcionamiento las universidades una vez concluidas.

Asimismo, ¿dónde está la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que es la que está por encima de la Auditoría? ¿dónde están los otros poderes supervisando por el buen uso de los recursos invertidos? Al parecer solo silencio es la respuesta.

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