El Senado de la República aprobó ayer la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y Radiodifusión, basado en un banco de datos biométricos que comprenderá información delicada como nombre, domicilio, CURP y fisonomía del responsable de la línea, y cuya finalidad, se dice, es prevenir delitos de alto impacto como fraudes, secuestros, extorsiones, robos u otros.
Luis Fernando García, director de Red en Defensa de los Derechos Digitales, advierte desde ahora que son variadas las formas en que la delincuencia buscará eludir el control que se pretende tener sobre los usuarios de telefonía móvil, una vez que se cuente con la base de datos biométricos.
Se trata de información altamente sensible que requiere de un resguardo garantizado y a prueba de filtraciones, pues dejar que cada empresa de telefonía se encargue de recabarla o almacenarla, es dejar expuestos los datos a la intervención o manipulación de personas con los fines más diversos.
El riesgo es que actos de corrupción lleven a vender esas bases de datos al mejor postor, como ya alguna vez ocurrió cuando se encontró el padrón electoral mexicano a la venta en sitios de internet.
La experiencia con bases de datos anteriores ha dejado ver que siempre ha habido quienes hallan formas de lucrar con ellas, lo que muestra su fracaso como sistemas confiables de información, así como la impunidad que gozan quienes las vulneran, pues hasta el momento nadie ha sido procesado por haber hecho mal uso de ellas.
En 2005 hubo un intento de contar con un registro de telefonía celular para evitar el mal uso de las líneas con fines delincuenciales. Se intentaba que cada línea estuviera personalizada, asociada a un propietario que a partir de ese momento se hacía responsable de su uso.
Al poco tiempo las bases se filtraron y se tuvo que abandonar el proyecto, además de que los delitos contra los que iba dirigida la iniciativa (extorsión y secuestro), se incrementaron tras ese fugaz registro de usuarios.
Entonces, ¿cuál es la finalidad de contar con esos datos? ¿evitar delitos o vigilar a la población? La tentación de que el propio gobierno los emplee contra la población es uno de esos usos que se debe evitar, ya que los 17 países que han instituido registros como éste, son en su mayoría gobiernos etiquetados como autoritarios.
Información tan delicada requiere un estudio más profundo y una adecuación legislativa para garantizar su máxima confidencialidad, que contemple sanciones severas para quienes llegaran a intervenirlos o emplearlos con fines distintos a los de su recopilación. Algo que luce complicado de lograr.
