Por una ciencia libre

Editorial EL UNIVERSAL

A más de 30 mil científicos de todo el país podría imponérseles desde el gobierno federal nuevas reglas de juego para la forma en que se hace ciencia en México y que en lugar de mejorar su ya de por sí deteriorada situación, viene a traer para ellos una serie de restricciones en el ejercicio de su actividad.

Son una serie de lineamientos para los que además no fueron consultados previamente y que se estructuran como modificaciones al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que constituye no solo una intromisión del Estado sino también un atentado contra la libertad de investigación y la autonomía con la que hasta hace poco se contaba en el ámbito científico mexicano.

La reforma, la segunda en lo que va de la actual administración federal, fue redactada a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuyo primer boceto fue presentado ya a la comunidad científica por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

Si bien en el espíritu de los cambios a emprender está el objetivo de “incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de investigadores y tecnólogos para resolver problemas nacionales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población”, los miembros del SNI denuncian que en realidad se trata de una intervención en la que se busca dirigir la investigación hacia la “transformación social” o a la atención de problemas nacionales prioritarios para el gobierno, e incluso se especifica que todo trabajo deberá circunscribirse en el marco de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces).

Con esta propuesta de reforma, el Conacyt deja su papel impulsor e incentivador de la ciencia, para convertirse en órgano que determine qué investigaciones son útiles o no, y dicte las tareas de investigación, que hasta ahora habían sido de elección libre.

Y acorde con la política actual de no beneficiar en ninguna forma al sector privado, ya dejan de ser consideradas las universidades y centros de investigación que no pertenezcan al sistema público, por lo que se les excluye de poder acogerse al programa de incentivos económicos del Estado.

Sin duda es un reglamento con corte ideológico en el que se condicionan los apoyos a investigadores a una muy subjetiva y cuestionable utilidad de transformación social, pero excluir a las instituciones privadas representa en los hechos una actitud discriminatoria.

México requiere de ciencia plenamente estimulada, autónoma, libre, unida y no coartada o limitada a un catálogo de intereses o prioridades gubernamentales. Solo así se podrá ser parte del concierto de naciones de avanzada.

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