México como sociedad democrática es una nación joven. No hace mucho desconocía lo que eran elecciones transparentes, las alternancias políticas y la equidad en contiendas electorales. ¿Es necesario recordar que durante más de 7 décadas todos los presidentes emanaron de un partido político? En esa época la voluntad presidencial era la única fuerza que guiaba al país y en ello ni sociedad ni el resto de partidos —por no contar con representación en el Congreso— tenían injerencia.

Para la población mexicana menor de 25 años vivir en un país con libertades y distintas opciones políticas es la normalidad, pero la construcción de la democracia se ha forjado poco a poco, a lo largo de varios años.

Muchos expertos coinciden en que el punto de arranque se dio en 1977 con la primera reforma política, impulsada por Jesús Reyes Heroles, luego de que José López Portillo (PRI) fue el único candidato que se presentó a las elecciones en 1976. Otro punto clave se dio de 14 años después con la creación del Instituto Federal Electoral, en 1990, y con la conformación de consejeros ciudadanos en 1994. En 2014 se le confirió carácter nacional, en una nueva reforma política.

En dos aspectos fundamentales los comicios en México han quedado en manos de los ciudadanos, en la organización y el conteo de votos el día de las elecciones. El gobierno federal no se inmiscuye. Sin embargo, en días recientes el presidente de la República ha manifestado al menos un par de ocasiones que tiene la intención de convertirse en un “guardián de las elecciones”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, menciona que las autonomías —como de la que goza el INE— siempre han estado en riesgo, pues arrebatan facultades a los poderes ejecutivos para generar contrapesos. “Existe desde el poder la tentación de interferir”.

En la historia del IFE-INE se pueden encontrar numerosos detalles que merecen ser cuestionados: desde la intromisión de partidos para repartirse como cuotas los lugares en el Consejo General, hasta los elevados privilegios de la alta burocracia. Todos estarían de acuerdo en una democracia que no resulte una carga económica para el país, pero la vía para alcanzarla es la legislativa, no la imposición desde el Poder Ejecutivo.

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