¿Perder lo ganado?

Editorial EL UNIVERSAL

Una de las herramientas reales y efectivas que el país ha logrado construir para combatir la corrupción es la Auditoría Superior de la Federación. En el malogrado esquema del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría era apenas una de las partes, pero por sí sola ha demostrado su capacidad para detectar el sospechoso o incorrecto uso de recursos públicos en la administración pública.

Una de las funciones palpables de esta instancia es el seguimiento a las decisiones tomadas desde oficinas de gobierno y su puesta en marcha; así, no solo valida que el presupuesto utilizado siga las normas establecidas, sino que sea empleado con eficacia y eficiencia, y de manera transparente.

Por esta razón, la renuncia del director del área de Cumplimiento Financiero, en medio de acusaciones en el sentido de que las modificaciones hechas recientemente al reglamento del órgano fiscalizador abren la puerta “a la arbitrariedad”, debe encender las alarmas.

El exfuncionario detalla que las áreas que realizan auditorías perdieron la facultad de hacer dictámenes técnicos, tarea que ahora será exclusiva de la Auditoría Especial de Seguimiento. Con esa medida solo una área “va a decidir todo lo que se solventa y lo que se va a denunciar, y eso al concentrarse en una sola persona, va a provocar opacidad, falta de transparencia… y se puede prestar a la arbitrariedad”.

La Auditoría Superior de la Federación es un órgano de la Cámara de Diputados que goza de autonomía, pero la Comisión de Vigilancia de la Auditoría, integrada por legisladores, evalúa su desempeño. El Director Jurídico de la Auditoría ya está citado para comparecer y explicar los cambios al reglamento interno. El exdirector de la Unidad de Cumplimiento Financiero asegura que si lo invitan está dispuesto a acudir para fortalecer a la institución y coadyuvar en un tema que él dio a conocer.

La denuncia realizada no debe ser ignorada y tiene que atenderse para que no haya dudas sobre el debilitamiento de la Auditoría Superior.

El gobierno federal ha desplegado por lo alto la bandera del combate a la corrupción, por lo que tendría que involucrarse en el tema para que no se pierda lo ganado en materia de transparencia y rendición de cuentas. La Auditoría Superior de la Federación no tendría por qué cambiar para limitar su capacidad fiscalizadora; los retrocesos nunca son benéficos.

 

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