Con el Paquete Económico 2022 se presenta un proyecto de presupuesto que tiene aspectos positivos y otros no tanto. Entre los primeros está que busca impulsar la recuperación económica, fortalecer el gasto social y hacer más eficiente el gasto del Estado, en salud y en obra pública, principalmente, teniendo presentes criterios de austeridad y racionalidad.
Es plausible además que todo ello se emprenda sin aumento de impuestos o nuevos gravámenes para una población y un aparato productivo que en su mayoría se han visto severamente golpeados por una crisis gestada incluso antes de la pandemia.
En un primer análisis, se advierte también que se está privilegiando el ámbito de la salud, lo cual resulta más que encomiable, dado que la emergencia que representó la pandemia reveló la serie de carencias que había en el sector, y establece una oportunidad para subsanar las deficiencias y optimizar su funcionamiento.
En inversión pública se requiere que el Estado empuje el desarrollo y aunque en este aspecto se habla de una aportación histórica de casi un billón de pesos, se necesita también una mayor diversificación, pues está muy concentrada en el sureste con el Tren Maya y en proyectos calificados como faraónicos como el Aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas. Lo mejorable entonces sería elaborar un plan que contemplara una distribución equitativa para crear polos de desarrollo en distintos puntos de la República y evitar la concentración en un solo par de zonas geográficas.
Lo que preocupa es que en el paquete se castigue con recortes a los órganos autónomos, porque fueron creados como contrapesos al poder presidencial y restringirles gasto solo es abonar en contra de la democracia. Entre ellos destaca el INE que tiene en puerta varias elecciones estatales y la responsabilidad de certificar la consulta de Revocación de Mandato.
Más allá de la descalificación que desde el gobierno se haga de los órganos autónomos y de las exigencias para mostrar desempeño, son instituciones que siguen existiendo y brindando servicios a la nación, y que tienen que contar con dinero para operar.
Está bien ser austeros y está bien cuidar el dinero público, pero no a costa de comprometer el funcionamiento básico del Estado, el equilibrio de poderes y la posibilidad de supervisión de la sociedad sobre su gobierno.