Outsourcing a debate

Editorial EL UNIVERSAL

El outsourcing o subcontratación de empleados que realiza una empresa a través de otra que se encarga de administrar la parte laboral y fiscal del personal que le proporciona, planeado inicialmente para satisfacer la demanda de servicios o profesionales especializados con carácter temporal, se ha convertido en una práctica en el campo laboral que han encontrado muchas compañías para evadir gran parte de sus obligaciones legales y pago de impuestos, lo que para algunas representa hasta un 35% de margen a su favor en sus ingresos, al dejar de cubrir sus aportaciones al Estado o de repartir ganancias entre su planta de empleados.

Mientras que la cantidad de trabajadores que se encuentran bajo el esquema del outsourcing casi se duplicó en los últimos 10 años, sobrepasando actualmente una cifra de más de 6 millones de empleados (y que pueden ser aún más ya que se calcula que una cantidad aún mayor ni siquiera ha sido inscrita o reportada a las instancias laborales establecidas), el uso de este recurso por parte de las empresas se ha convertido en un negocio millonario que, si no es verificado, puede resultar en esquemas de contratación lesivos de los derechos laborales.

Pero si bien es una realidad que no hay que permitir que el outsourcing sea una herramienta para evadir impuestos, también se debe tener cuidado en no hacer demasiado complicada para las compañías la operación en el mercado de trabajo, pues hay que recordar que el grueso de la economía mexicana está sustentada en la existencia de pequeñas y medianas empresas, conocidas bajo el término Pymes, y que algunas han encontrado en la subcontratación un recurso para poder operar, crear empleos y generar ganancia, que es lo que finalmente hace valioso a cualquier negocio. Pero si a una Pyme se le impone una carga burocrática y fiscal y un enorme peso a su operación, que le obliguen a dedicar tiempo y recursos que pongan en riesgo su permanencia, se pone en peligro también el mercado laboral, al tener que prescindir de empleados o, peor aún, llevarla al cierre definitivo. Hay que tener previsto que esta cruzada contra la evasión de impuestos no pegue a la ya de por sí difícil tarea que tienen las pequeñas empresas mexicanas para salir adelante. En prioridad y en justicia social, la iniciativa debe ir primero contra los grandes consorcios evasores, lo cual actuaría por partida doble tanto contra la explotación de los trabajadores como también como aliciente al mercado laboral de pequeña y mediana escala.

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