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Una investigación realizada por este diario muestra que el DIF no cuenta con un padrón preciso o siquiera medianamente aproximado de cuántos niños y adolescentes están bajo su resguardo en el país, y si bien hay planes para efectuar un censo, éste no puede integrarse de manera nacional por obstáculos a nivel regional que impiden arrojar una cifra total en México por falta de homologación entre ámbitos estatales y federales.
El Inegi estima que serían unos 33 mil niños los que se encuentran en calidad de cuidado asistencial, es decir, menores que habitan albergues y casas-hogar manejadas por el DIF en todo el país, aunque hasta este momento la propia institución desconoce la cifra exacta. Sin embargo, Unicef México calcula que el número podría ser todavía mayor, toda vez que no se consideran a los niños y adolescentes que están bajo la modalidad de internado, muchos de ellos de comunidades indígenas que cuentan con ese beneficio. Aún más, una experta consultada por El UNIVERSAL, Elena Laguarda, asegura que la cantidad de menores en condición de orfandad podría ser de hasta medio millón de niños y adolescentes, por lo que el contraste indica que unos 470 mil chicas y chicos estarían fuera o carentes de toda protección o asistencia que brinda el Estado. Y ni siquiera pueden contar con el recurso de la adopción, puesto que para que un menor pueda convertirse en candidato, deben cumplirse una serie de requisitos y condiciones impuestas por el propio sistema que hacen casi inaccesible esta posibilidad.
Y si bien se precisa que una importante porción de los menores que tienen acceso a los Centros de Asistencia Social que opera el DIF, lo hacen incluso contando con una familia, se ven obligados a recibir esa ayuda al verse afectados por violencia al interior del hogar o por manifiesto descuido por parte de padres o parientes. Otros son puestos bajo cuidado del estado por sus propios familiares, obligados por la pobreza en sus comunidades y la incapacidad de otorgarles manutención por sus propios medios.
Y es ahí donde esta suma de situaciones detona los focos de alarma, pues cuando un niño crece en un hogar violento o en condiciones de miseria, o cuando sus padres son delincuentes o mueren prematuramente, se causa un desequilibrio serio en su salud emocional que genera a su vez resentimiento o desadaptación social. En una abrumadora proporción, menores infractores provienen de hogares desintegrados o de familias disfuncionales, donde no hubo interés por ellos o nula supervisión. Así que, si en la principal institución dedicada a atender a la infancia no hay siquiera un censo de cuántos niños están bajo su cobertura, estamos sin duda echando a perder gran parte del futuro de México.
