Negociar, mejor que imponer

Editorial EL UNIVERSAL

Emprender un negocio en el que está garantizada una ganancia de —al menos— tres o cuatro veces lo invertido y además tu cliente se compromete mediante contrato a adquirir tu producto durante décadas es una oportunidad que pocos dejarían escapar. Según el gobierno federal, esa es la situación en la que se encuentra la Comisión Federal de Electricidad, una empresa del Estado.

Desde 1997 se otorgó al sector privado la posibilidad de construir plantas generadoras de energía para su venta exclusiva a la CFE. En casi 25 años se han construido 32 centrales. En promedio, cada una requirió una inversión de 400 millones de dólares para un total de 12 mil 800 millones de dólares, unos 256 mil millones de pesos actuales.

De acuerdo con funcionarios del sector, el gobierno ha regresado casi cuatro veces la cantidad invertida por el sector privado. Hasta 2020, la CFE ha comprado energía con un valor de 934 mil 544 millones de pesos; lo que significa que los inversionistas recuperaron su capital inicial y han obtenido 678 mil 544 millones de pesos adicionales. A esto se agrega que en algunos casos hay contratos de adquisición de energía hasta el año 2044.

El gobierno federal busca modificar las reglas en el sector, todavía sin éxito. Hizo un primer intento en mayo del año pasado cuando la Secretaría de Energía dio a conocer un decreto que modificó la política energética. Hace unos días la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia anuló esas modificaciones por anticonstitucionales.

Debido a que el sentido del fallo se veía venir, al iniciar el periodo ordinario de sesiones el presidente envió como iniciativa preferente un proyecto para reformar la ley de la industria eléctrica.

En ambos hechos hay un intento de convertir de un día para otro a la CFE en una empresa competitiva, afectando intereses de terceros y la normatividad en vigor, en lugar de generar una empresa eficiente de manera real y no artificial; además de argumentar cuestiones ideológicas más que técnicas.

Si el gobierno demuestra que los contratos rayan en el abuso, tiene todo el derecho de modificar esa situación para que no se afecten las finanzas públicas. Sin embargo, tendría que asesorarse mejor para que sus propuestas no caigan por sí solas por no ajustarse al marco de la ley. En ese caso, la negociación se convierte en la mejor opción.

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