Una de las promesas de campaña del actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, fue la de desmilitarizar al país, señalando en su momento que la presencia de efectivos de las fuerzas armadas, fuera de sus cuarteles, era por sí sola una agresión a la población mexicana, y que además incentivaba la violencia en el territorio nacional.

Y para compensar el retiro de los efectivos militares en las tareas de seguridad, prometía profesionalizar a los cuerpos policiacos, pero en especial manifestaba su fe en que se podía reducir la delincuencia y el crimen organizado con la instrumentación de programas públicos encaminados a restablecer el tejido social, resquebrajado, a su decir, por décadas de neoliberalismo y malos gobiernos.

Se comprometía incluso a regresar a sus cuarteles a los miembros del Ejército y la Marina en un plazo de seis meses a partir de que asumiera la Presidencia.

Sin embargo, una vez que le llegó su momento, las cosas sucedieron de manera distinta: en vez de profesionalizar a las policías, desapareció uno de los cuerpos más robustos: la Policía Federal, a la que sustituyó con la Guardia Nacional, institución creada sobre la marcha, cuyos integrantes denunciaron la serie de carencias y falta de preparación con las que se les mandaba a enfrentar al crimen organizado.

El ahora Presidente aseguraba, como candidato, que la única tarea que correspondía a las tropas del Ejército era la defensa de la soberanía nacional, por lo que hoy contrasta con los múltiples usos que ha dado a los soldados, desde constructores de aeropuertos hasta repartidores de vacunas.

Ahora, a dos años y medio de este gobierno, se da a conocer que en todo México se hayan desplegados alrededor de 217 mil efectivos militares (incluidos los integrantes de la Guardia Nacional), más del doble de los que movilizaron en conjunto los gobiernos de sus predecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Si con la sola incorporación de la Guardia Nacional se notara ya una reducción drástica en las cifras de homicidios dolosos, no habría problema, pero el dilema radica en que lejos de disminuir, se han elevado las estadísticas de la inseguridad, lo que demuestra que no se puede desplegar a tanto soldado si no hay una estrategia clara y protocolos de acción bien establecidos, en vez de las improvisaciones que han caracterizado a los cuerpos de seguridad.

La Guardia Nacional es la última instancia del Estado para hacer frente a la problemática de la inseguridad, pero con su entrada en funciones aun no hay una mejoría, lo que deja ver que algo por ahí no funciona.