México y los derechos humanos

Editorial EL UNIVERSAL

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A casi 30 años de creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los cuales 20 han sido bajo el carácter autónomo que le dio la reforma constitucional de 1999, el tránsito del país hacia una política de respeto a derechos humanos aún se encuentra en proceso. En este momento México acumula graves pendientes en la materia que van desde la violencia cotidiana contra mujeres, periodistas y activistas sociales hasta la desaparición forzada de personas, así como la situación de ingobernabilidad que se da en los penales.

Luego de cinco años al frente, el próximo 15 de noviembre concluirá la gestión de Luis Raúl González Pérez como titular de la CNDH.

Desde su perspectiva, en entrevista que hoy publica EL UNIVERSAL, el ombudsperson señala que “no ha sido sencillo” mantener el carácter autónomo de la Comisión. Menciona que enfrentó “tormentas y huracanes” por los señalamientos que hizo a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador en temas como Ley de Seguridad Interior, las muertes en Tlatlaya, la conformación de la Guardia Nacional y las consideraciones sobre la operación de estancias infantiles.

Esta semana el Senado deberá designar a la persona que a partir del 15 de noviembre encabezará la Comisión. El jueves pasado, en dos rondas de votaciones ninguno de los integrantes de la terna alcanzó mayoría calificada, por lo que mañana martes continuará la elección, en un mecanismo que ya recibió críticas por ser poco transparente, pues no se explicaron los criterios para descartar a decenas de aspirantes ni por qué quienes llegaron a la terna final son los mejores.

La protección a los derechos humanos se incluyó en la Constitución, pero para que se vuelva una realidad aún falta un tramo por recorrer. Para los gobiernos de todos los niveles, desde el municipal hasta el federal, las recomendaciones e informes emitidos por la CNDH o las instancias locales se vuelven indicadores incómodos que, la mayoría de las ocasiones, se busca primero desacreditar antes que aceptar las fallas y corregirlas.

La autoridad tendría que dejar de esquivar las recomendaciones, apoyar a la Comisión y renunciar a tratar de influir en sus decisiones. Nada complicado si hay un interés real por consolidar la cultura de derechos humanos.

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