México: incertidumbre ambiental

Editorial EL UNIVERSAL

México ha sido motivo de preocupación para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), por la política energética del actual gobierno y lo que aparentemente sería un retroceso en materia ambiental al apostar por la generación de electricidad a partir de la quema de combustóleo, y una eventual reducción o cancelación en sus proyectos de energías limpias o renovables.

Pese al descrédito gubernamental sobre este tipo de energías y la reiterada apuesta estatal por continuar con tecnologías convencionales y contaminantes, México aún se ubica en el lugar número 15 de los países con proyectos importantes de energías renovables, pero muestra ya un claro rezago en la materia con respecto a sus pares latinoamericanos.

La administración actual del país olvida que no se trata solamente de una cuestión de reducir costos o de ahorros, sino de compromisos adquiridos ante la comunidad internacional hacia una mejora paulatina del medioambiente mundial.

Y aunque la organización reconoce que no es un problema exclusivo de México, sino que son varias las naciones que han frenado sus inversiones en energías renovables como consecuencia del impacto económico que les ha supuesto la pandemia de Covid-19, sólo nuestra nación es la que ha emitido nuevas normativas que bloquean o buscan revertir los avances que en dicha materia se habían alcanzado en el pasado.

Según lo argumentado por México, las energías renovables —en especial la eólica— no serían confiables en cuanto a una disponibilidad permanente, dado que —aduce— dependen de condiciones meteorológicas que, al no ser constantes, las harían inestables. Sin embargo, los especialistas muestran su extrañamiento ante estas declaraciones y refutan dicho planteamiento, asegurando que como parte de su desarrollo tecnológico, se han considerado tales circunstancias y se han resuelto las variables de transmisión y almacenamiento de energía, que son las que preocupan a las autoridades mexicanas.

La política del gobierno mexicano repercutirá sobre la inversión, pues se van a destinar menos recursos al sector energético y hacia el exterior quedará el precedente de que México no respeta sus compromisos, tanto de negocios como ambientales.

Por otro lado, los supuestos ahorros no son tales, pues por el contrario se perderían 44 mil millones de dólares de inversión y 81 mil 500 posibles empleos, sin contar las indemnizaciones que el gobierno estaría obligado a cubrir a los inversionistas extranjeros ante una cancelación unilateral de los contratos. Todavía se está a tiempo de enmendar el camino.

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