México: crisis de DH

Editorial EL UNIVERSAL

Como una crisis de derechos humanos que se vive en México es como organizaciones no gubernamentales ven a nuestro país desde el exterior, deplorando que el presidente López Obrador estigmatice por igual a defensores de los derechos humanos y representantes de la prensa mexicana, a la vez que trata de minimizar la violencia que agobia a la población femenina de nuestro país.

La organización Amnistía Internacional (AI) destaca en su más reciente informe que, contrario a las promesas de Andrés Manuel López Obrador de sacar al Ejército de las calles, ha sido en su gobierno cuando más efectivos militares se han desplegado en el país, incluso sobre los dos sexenios anteriores, a los que se tachaba en su tiempo de militarizados.

AI también reprocha que dentro del programa federal de austeridad se hayan incluido recortes a fideicomisos diseñados para la protección de defensores y víctimas relacionados con los derechos humanos, mientras que se multiplican por el país los casos de ataques a civiles por parte de miembros del Ejército mexicano, algunos como infortunadas víctimas circunstanciales durante operativos o enfrentamientos con integrantes del crimen organizado, otros confundidos con delincuentes o masacrados indistintamente junto con éstos, como en un caso de rescate de secuestrados el año pasado, en el que las víctimas perdieron la vida al lado de sus secuestradores.

Al menos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, EL UNIVERSAL ha reportado tres ejecuciones extrajudiciales efectuadas por soldados en los últimos ocho meses.

Informes como los de AI que se dan en el exterior hay que tomarlos en cuenta porque significa que los hechos que se dan aquí trascienden al plano internacional. Constituyen llamadas de atención para impedir que vuelvan a repetirse actos contrarios al respeto e integridad de los derechos humanos.

En esta administración, en que la CNDH ha pintado poco, debería tener un papel más destacado y autónomo, por la importancia y trascendencia de sus funciones y objetivos.

La solución de fondo, más allá de que el Estado compense a las víctimas, es forjar un sentido ético entre los miembros de las fuerzas armadas, en el que haya un alto respeto por la vida humana.

El informe de AI es un recordatorio una vez más de que no es recomendable que los militares estén realizando tareas que no les corresponden, ya que no están preparados para intervenir en asuntos de seguridad pública, aun cuando en algún momento se dijo que serían más confiables que los policías comunes por estar formados en la disciplina militar. Nunca es tarde para rectificar.

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