Luego de conocerse que 2019 es , a poco más de un mes para que termine, el año más violento en la historia de México, llega, en medio de tanta mala estadística, una cifra esperanzadora: el estado de Yucatán es la entidad con el menor número de homicidios dolosos de toda la República, con sólo 25 casos en lo que va del año. Si bien tampoco los yucatecos han sido inmunes a la violencia dado que lo deseable sería que presentaran cifras en ceros, comparado con otras entidades, podría decirse que viven en una especie de oasis de paz.

Las explicaciones podrían ser muchas, pero podría decirse simplemente que los yucatecos se ven beneficiados por una coincidencia de varios factores: uno es estar fuera de las rutas tradicionales de trasiego de narcóticos y personas, y otro es contar con uno de los índices más satisfactorios de elementos de policía en proporción al total de su población.

Sus cifras contrastan terriblemente con las de Guanajuato, que con sus 2,865 asesinatos contabilizados hasta octubre, centuplica sobradamente la estadística del estado peninsular: por cada yucateco que perdió la vida de forma deliberada de enero a octubre de este año, 114 guanajuatenses fueron ejecutados en el mismo periodo.

En el reporte presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre los estados más violentos de acuerdo al número de homicidios dolosos registrados durante 2019 en sus territorios, encabeza la lista Guanajuato, seguido de Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Llama la atención que entre los estados más violentos no se encuentre Tamaulipas, cuyo gobernador ha hablado de que en su entidad se vive un estado de narcoterrorismo, y que cuenta con dos de las ciudades más golpeadas por la violencia de los grupos criminales: Reynosa y Nuevo Laredo.

Las cifras expuestas por el SESNSP exhiben una contradicción que haría considerar que el número de efectivos policiales en una entidad no incide necesariamente en una reducción de la inseguridad, pues según su recuento tanto un estado pacífico como Yucatán, como uno violento como el Estado de México, mantienen una proporción similar de elementos de seguridad pública por cada mil habitantes (2 para los yucatecos y 2.8 para los mexiquenses). De ahí que se tenga que considerar que el problema es decididamente multifactorial.

La apuesta es por que haya un compromiso de las autoridades de los distintos estados de la República para contar no sólo con los elementos suficientes de acuerdo a sus índices poblacionales, sino además que estos elementos estén bien capacitados y equipados con todos los elementos materiales necesarios.

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