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Múltiples son las teorías que tratan de explicar el origen de la delincuencia infantil y juvenil, tanto los que aseguran que su raíz debe buscarse en la falta de oportunidades como aquellos que afirman que se verán atraídos por el crimen los menores que provengan de hogares desintegrados o disfuncionales, así como los que han crecido en un entorno de pobreza y desventaja social. Lo cierto es que no hay una fórmula única que explique este fenómeno y se debe admitir que se trata de un problema multifactorial.
La ley de justicia penal para adolescentes que entró en vigencia en 2016 establece un sistema diferenciado del que se aplica a los adultos y en el que mucho importa la edad a la que el joven ha delinquido así como la gravedad del delito, ya que entre más chico sea al ser remitido a las autoridades, menor igualmente va a ser el tiempo que pase bajo custodia de las autoridades, pues se confía en una más pronta e inmediata reinserción en la sociedad. Así mismo, se les otorga el beneficio de libertad condicionada con la excepción de tres crímenes considerados graves: homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Esto que sería una ventaja en su favor, trabaja, paradójicamente, en su contra pues los hace más viables para el crimen organizado, que los buscará precisamente porque su condición de edad los hace relativamente impunes a la acción de la justicia, siendo los idóneos para ser reclutados por los grupos delincuenciales para asignarles tareas y funciones, como el narcomenudeo, por ejemplo, delitos de los que pueden salir sin tener que pisar la cárcel.
Es obvio que parte del discurso de este gobierno es que no va a ser con balas ni con cárcel que se va a solucionar esta problemática, ya que hay que considerar que el llamado del dinero fácil siempre estará latente y hasta podría decirse que existe un remplazo seguro para cada menor infractor que es puesto fuera de circulación en el ámbito de la delincuencia. No obstante, tampoco es suficiente pensar que ofreciendo becas sea como los jóvenes van a decir que no a las invitaciones que les hagan los grupos criminales, pues estos últimos lamentablemente tienen mayores recursos con los cuales atraer constantemente a nuevos miembros a sus filas y ofrecerles más de lo que cualquier programa gubernamental de ayuda puede otorgar, siendo altamente probable que muchos menores tengan incluso ese doble ingreso. En estos casos se necesita sobre todo pensar en opciones tanto de trabajo como de esparcimiento para la juventud mexicana que inculquen en ésta valores que les hagan poner el honor por encima tanto de la necesidad económica como del deseo de aventura.
