La desigualdad en México es de tal magnitud que la entidad donde se nace puede marcar el destino de sus habitantes. Los estudios que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía recuerdan periódicamente la grave realidad que ha prevalecido por décadas en el país. En esta ocasión, el Inegi señala que es muy diferente ver la primera luz en Baja California o en la Ciudad de México que en Oaxaca, Chiapas o Puebla.

En la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019, se menciona que la tasa de menores de edad que se dedican a trabajar es casi el doble en esos tres estados en comparación con el promedio nacional (11.5%), pero es casi cuatro veces superior al promedio que se registra en la entidad fronteriza o en la capital del país. Mientras en Oaxaca, Chiapas o Puebla uno de cada cinco niños y adolescentes (20%) lleva a cabo alguna ocupación no permitida o se dedica a realizar quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, en Baja California y en la Ciudad de México el promedio es de 5.3% y 5.4% respectivamente.

Si las autoridades de todos los niveles permiten que la situación siga reproduciéndose se cae en una espiral que no permite a generaciones completas salir de su condición de pobreza ni a sus futuros descendientes.

Desde principios de siglo, México se comprometió ante organismos internacionales a adoptar políticas para garantizar “un arranque parejo” en la vida. Dos décadas después puede afirmarse que hay amplias regiones en el país que siguen sin cumplir el objetivo de ofrecer a todos sus ciudadanos las mismas oportunidades de un futuro con acceso a educación y vida digna.

El estudio del Inegi refiere que, de las 32 entidades, 14 tienen un promedio de trabajo infantil por arriba de la media nacional. Después de Oaxaca, Chiapas y Puebla, otros estados que reportaron altas tasas fueron Michoacán, con 17.6%; San Luis Potosí, 14.3%; Tlaxcala; 13.9%, y Nayarit, 13.7%.

En medio de la pandemia por coronavirus, los pronósticos de organismos internacionales para este 2020 no son nada alentadores, pues estiman que cientos de miles de niños en América Latina y el Caribe se verían obligados a realizar actividades que aporten recursos a la economía familiar para subsistir.

Aunque para la sociedad no es extraño ver a niños en las calles vendiendo dulces o realizando alguna actividad (limpiar autos o zapatos), se vuelve necesario observar ese fenómeno con una óptica diferente si como país se busca erradicar la desigualdad. Debe cambiar la actitud de empresas que contratan a menores o de familias que alientan a sus hijos a trabajar desde pequeños, pero la transformación principal tiene que ser del Estado para generar apoyos y oportunidades que rompan el ciclo de la pobreza.

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