Masacres: nada ha cambiado

Editorial EL UNIVERSAL

Los hechos de violencia hacen evidente que en ocho años poco o nada ha cambiado en cuestión de seguridad.

El jueves 25 de agosto de 2011, minutos antes de las 4 de la tarde, seis hombres armados irrumpieron en el centro de juegos y apuestas Casino Royale, en Monterrey, rociaron con gasolina el inmueble y provocaron un incendio que dejó al menos 52 muertos y 10 heridos.

El martes 27 de agosto de 2019, antes de la medianoche, unos 10 hombres ingresaron al centro nocturno Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, fingieron ser algún tipo de autoridad que realizaría una inspección, ordenaron a clientes y empleados tirarse al piso, comenzaron a rociar gasolina por el establecimiento y causaron un incendio que hasta anoche había dejado al menos 28 muertos y nueve heridos graves.

Hace ocho años en el norte del país. Esta vez en el sur. La violencia no conoce de geografía, sino de saña y crueldad. No son los únicos eventos de ese tipo en este periodo, pero sí de los más sangrientos. El caso que marcó un antes y un después ocurrió también en un centro nocturno: en Uruapan, en 2006, sujetos armados ingresaron para arrojar cinco cabezas humanas en la pista de baile.

En estas páginas Héctor de Mauleón mencionó en marzo que el país estaba viviendo una epidemia de masacres, entendidas como un hecho violento en el que mueren al menos cuatro personas. En dos años se registraron 728 con un saldo de 4,469 muertos. Este tipo de asesinatos se habían presentado en 16 estados.

Alejandro Hope, analista de seguridad, ha planteado que las masacres tienen método y lógica. Ocurren porque para los posibles asesinos el riesgo de ser capturados no cambia mayormente si matan a una persona o a ocho; lo más probable es que no sean detenidos, además de que estas matanzas son “útiles” porque inhiben a los rivales, intimidan a las víctimas potenciales y ayudan a preservar la disciplina interna.

La investigación del ataque al centro nocturno en Coatzacoalcos se complica por el intercambio de acusaciones entre el gobierno y la fiscalía estatales, que deberían estar coordinados para atacar a criminales y llevarlos ante la justicia, pero sólo crean un ambiente de encono y división.

Queda para el gobierno federal probablemente el desafío de mayor tamaño: terminar con la percepción de que sin importar el color o ideología del gobierno, el crimen organizado parece contar con licencia para matar. Quizá valdría la pena reconocer que ellos no forman parte del pueblo bueno.

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