El colapso de un tramo elevado de la línea 12 del Metro resulta un suceso incomprensible. Se trata de una instalación de servicio público que debiera ser, por su importancia estratégica para la ciudad, de máxima seguridad estructural e invulnerable a incidentes como el que hoy estamos lamentando.
Y ahora que la tragedia se vuelve a cernir sobre este servicio vital para la capital y con un nuevo saldo fatal de muertos y heridos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dice que a los afectados se les apoyará en todo, pero hay funcionarios de niveles menores que no lo cumplen.
Ante historias desgarradoras que comienzan a conocerse, de vidas cortadas con un antes y un después, se multiplica el clamor de víctimas que acusan el desdén de las autoridades ante cada tragedia particular y que resienten el desinterés oficial por hacer efectiva esa ayuda prometida. Son personas que lamentan que los únicos apoyos que recibieron fueron de vecinos de la zona, de personas que solo iban pasando, de ciudadanos que como ellos se condolieron de su angustia, de su desesperación de no saber qué hacer, a dónde dirigirse o a quién acudir.
En el colmo, familiares de algunas de las víctimas que fueron referidas al Hospital General de Xoco, denuncian que ante el desabasto y escasez de insumos que se vive en la institución, les fue solicitado a ellos que consiguieran material de curación y quirúrgico para poder intervenir a sus heridos.
Se trata así de un doble discurso en el que por un lado se habla de un derecho humano a recibir atención médica como parte del seguro médico que cubre a los pasajeros al trasladarse en el transporte, y por otro la realidad de carencias con la que se enfrentan en los hospitales públicos.
La situación en Xoco no solo revela una carencia meramente circunstancial de insumos, sino deja ver también con preocupación la falta de un plan de contingencia que incluya un abasto mínimo de materiales médicos para casos de grandes accidentes como el del Metro o de desastres naturales como terremotos, inundaciones o explosiones.
Asimismo, el que se quiera culpabilizar a las víctimas y sus familias por haber buscado rápida atención por su cuenta para sus heridos en vez de esperar a recibir la asistencia oficial, o no haber solicitado la ayuda gubernamental, no abona en favor de las declaraciones del Estado en el sentido de que los afectados cuentan con todo el apoyo disponible.
La buena voluntad que las altas autoridades del país y la ciudad muestran en conferencias y entrevistas, parece que no permea en los funcionarios encargados de aplicar tales instrucciones. La preocupación debe ser real e ir más allá del discurso.