Cuando un ciudadano comete una falta, administrativa o de tránsito, por ejemplo, debe pagar una multa para cubrir la violación. No hay alternativa. Se debe pagar.
Con los partidos políticos hay datos que demuestran que no es así. Si cometen una violación a la ley electoral, también se les impone una sanción, pero, en lugar de que cubran de inmediato el monto, mediante impugnaciones pueden pasar hasta 10 años sin que paguen la multa.
En una revisión a la plataforma de Sanciones y Remanentes del Instituto Nacional Electoral (INE), EL UNIVERSAL encontró que 13 partidos tienen un saldo por pagar de 298.6 millones de pesos. Seis de los partidos deudores ya perdieron el registro y, entre las sanciones, hay algunas que fueron emitidas en 2013.
De la anterior cantidad, 42% corresponde únicamente a los adeudos del Partido del Trabajo, que ascienden a 127 millones de pesos. La multa más elevada también la tiene el PT (casi 120 millones de pesos) y corresponde a la que se aplicó en contra de María Guadalupe Rodríguez Martínez, directora de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en Nuevo León, por presuntamente desviar 59 millones de pesos para el partido, que encabeza su esposo, Alberto Anaya.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) posee la sanción más antigua, pues aún tiene pendiente de liquidar sanciones impuestas desde 2013 que suman 43.4 millones de pesos, derivadas de las irregularidades encontradas en el informe de ingresos y gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012.
Con menores montos también figuran Morena, PAN, PRI, Partido Verde y Movimiento Ciudadano.
Uno de los institutos que ya se encuentra fuera del sistema de partidos, por perder el registro entre 2018 y 2021, es Redes Sociales Progresistas, vinculado a la exdirigente del SNTE Elba Esther Gordillo. En su corta vida, el partido acumuló sanciones por egresos no comprobados, omisión de registro de gastos de inmuebles, entre otros, por 29 millones 498 mil 654 pesos
Si todos los partidos actuaran apegados a lo que marca la ley, ninguna institución política tendría que ser sancionada ni tendría que estarse hablando en este momento de los recursos que adeudan al erario. Pero todo indica que la mayoría actúa de acuerdo con sus intereses, sin importar si es legal o no, además de que omiten transparentar sus procesos. Los partidos son un mal ejemplo del respeto a la ley.
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