Lucrar con el dolor

Editorial EL UNIVERSAL

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Pocas tragedias han sacudido al país como la que ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. Ese día se incendió la Guardería ABC. Murieron 49 menores y 24 resultaron con graves quemaduras. La orden entonces fue que los sobrevivientes recibirían atención médica durante el tiempo que fuera necesario.

Con ese solo objetivo, el Instituto Mexicano del Seguro Social creó el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), que se encargaría de atender a las víctimas.

Hoy un reportaje del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, que publica EL UNIVERSAL, revela que la ayuda pudo ser mucho mayor para los menores, pero varios millones de pesos terminaron en los bolsillos de quien estaba al frente del CAICE.

En el tiempo que el centro estuvo administrado por Marcela Fimbres Ibarra, los esposos de sus hermanas se convirtieron en proveedores del IMSS, a pesar de que los productos farmacéuticos que vendían eran hasta tres veces más elevados del medicamento que se conseguía en farmacias. El medicamento Fotoral, por ejemplo, fue vendido en 750 pesos la caja, aunque en cualquier farmacia se puede encontrar en unos 220 pesos.

Ese no fue el único caso. La madre de los “proveedores” citados también cobró en 2017 un millón 88 mil 211 pesos por entregar productos de farmacia, a pesar de que no tenía ningún registro previo como proveedora de servicios en ningún ámbito de gobierno. El mismo año también consiguió un contrato –por adjudicación directa– por 173 mil pesos por otorgar el servicio de “capacitación y catering”.

El hallazgo de los hechos de corrupción se dio cuando el IMSS informó que había erogado 9 millones de pesos en la atención de una sola familia víctima del incendio, pero sin entregar notas o comprobantes de lo gastado.

Hasta ahora se pensaba que el problema principal en el caso de la Guardería ABC era el rezago en la impartición de justicia para los responsables del incendio. Hoy se conoce que al menos una funcionaria lucró con el dolor de las víctimas. ¿Por qué no hubo los controles adecuados para impedir ese tipo de acciones? Los padres de familia fueron los que encontraron las irregularidades.

Después de 10 años de los hechos, el incendio sigue exhibiendo las debilidades en diferentes ámbitos del Estado. Se trata de un caso que ha recibido los más amplios reflectores. No es difícil imaginar lo que ocurre en casos de menor importancia.

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