Los números de la seguridad

Editorial EL UNIVERSAL

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La detención de José Antonio Yépez, alias El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, ha sido celebrada como uno de los mayores logros de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, al grado de que miembros del gabinete y el propio mandatario han afirmado que los delitos no sólo bajan sino que Guanajato había dejado de ser primer lugar de homicidios del país. Sin embargo, como ocurre con otros problemas de fondo, parece que se canta victoria de manera prematura: en la primera quincena de agosto, 125 personas perdieron la vida en esa entidad luego de la captura, lo que mantiene aún a la entidad como la más violenta.

La dinámica en donde los miembros de cárteles del crimen organizado se confrontan para ganar o no ceder territorio a sus rivales nunca ha cambiado por la captura de una cabeza. Incluso ha ocurrido con demasiada frecuencia lo contrario: en la búsqueda de ocupar la vacante en el hampa, los grupos delincuenciales recrudecen su rastro de sangre. El solo hecho de que eso no haya ocurrido todavía en Guanajuato sí es de celebrarse.

El capo había cobrado notoriedad no solo por dirigir uno de los grupos criminales de más rápido crecimiento, sino por convertirse en declarado archirrival de otra no menos peligrosa organización: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el que entabló una encarnizada batalla por el control de territorios en el Bajío mexicano. También creó polémica cuando en un video amenazó con cobrar venganza contra el Estado a raíz de la detención de su madre, la cual más tarde fue liberada, al parecer, por fallas de la fiscalía.

Ante el desafío que este capo representaba y que había hecho manifiesto públicamente, la actuación del Estado mexicano no podía ser otra, por mucho que se critique la estrategia de perseguir cabecillas criminales; demostrar la superioridad gubernamental es clave en esta lucha.

Pero al mismo tiempo debe también imperar la mesura: la reducción en la incidencia delictiva es quizá la labor más complicada que ha enfrentado el México moderno. Ante ello, lo mejor es no lanzar campanas al vuelo luego de captura alguna.

Se aplaude la intención gubernamental de no ser amedrentado por la delincuencia organizada, pese a sus amenazas, osadas incursiones, atentados contra funcionarios y jueces, y refuerzo en armamento. Lo mismo habría que esperar en la confrontación con otras fuerzas de la delincuencia.

La tarea todavía es ardua como para anticipar una reducción de la violencia en el corto plazo sólo derivada de una detención.

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