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¿Por qué una dependencia pública contrataría a personal externo para realizar una tarea si entre sus integrantes tiene a elementos capacitados para llevarla a cabo?
La respuesta –clara y convincente– tiene que venir de la propia instancia o debe ser exigida por una autoridad.
Irregularidades de ese tipo encontró el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) y las envió a la Cámara de Diputados en un reporte de 61 páginas denominado Informe previo de gestión del primer semestre de 2019.
En una auditoría aplicada al rubro Asesorías, Estudios e Investigaciones se encontró que seis áreas del instituto erogaron casi 10 millones de pesos en la contratación de terceros para realizar trabajos que por normatividad corresponde al personal del INE, sin que existiera una justificación de la inexistencia de elementos capacitados.
La subcontratación –señala el documento– es una falla recurrente en el INE y en su análisis halló que se contrataron 61 servicios sin justificación.
En el mismo documento, el OIC informa que no encontró 320 vehículos en la base de datos del inventario operativo o funcional de los automóviles propiedad del máximo órgano electoral del país.
Respecto a los vehículos no reportados, el instituto electoral afirma a EL UNIVERSAL que hay errores de captura y que existen varias bases de datos. Y sobre la subcontratación señala que el instituto requiere trabajos especializados en tiempos muy cortos, lo que hace necesario contratar servicios externos.
De la respuesta, lo menos que se deduce es que el instituto no justifica de manera oportuna el uso de recursos, sino en el último momento.
En tiempos de austeridad y de que se busca dejar atrás el derroche del dinero público, se requiere una estricta fiscalización en las oficinas públicas y que todo hallazgo de anomalías sea solventado de manera oportuna o resuelto por cauces legales para que los responsables respondan ante la autoridad competente.
Así como se fiscaliza al INE, se necesita que los órganos internos de control ahonden en el manejo de recursos públicos y den a conocer inconsistencias en otras dependencias federales . ¿Acaso únicamente el instituto incurre en ellas?
