En materia fiscal México registra grandes contrastes como los tiene también en cuestiones sociales y en temas de desarrollo. Hay zonas geográficas y sectores más favorecidos que otros. Lo mismo ha ocurrido al momento de pagar impuestos. Al trabajador asalariado los descuentos por el pago de gravámenes se le aplican de manera puntual, pero grandes consorcios empresariales han recibido quitas e incluso perdón por adeudo multimillonarios en el pago de impuestos.

El contraste —y el privilegio para esas empresas— se hace mayor si además fueron beneficiadas por contratos de obra pública.

EL UNIVERSAL publica hoy que nueve de las 21 empresas favorecidas por contratos de Pemex Exploración y Producción (PEP) también obtuvieron condonaciones de impuestos por la cantidad de 5 mil 500 millones de pesos. Un doble beneficio que levanta sospechas sobre su legalidad.

Esas empresas fueron favorecidas con contratos de PEP cuando su titular fue señalado por pedir sobornos para asignar convenios, y aparecen en la lista que el Servicio de Administración Tributaria hizo pública hace unas semanas sobre las condonaciones fiscales realizadas en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, las cuales ascendieron a 247 mil millones de pesos y se aplicaron a poco más de 9 mil contribuyentes.

A finales de septiembre la Cámara de Diputados modificó el artículo 28 para prohibir que el Presidente pueda otorgar condonaciones y exenciones de impuestos. La medida —que ahora se encuentra en el Senado— sin duda representará una mayor captación de ingresos, pero la autoridad tendría que ir más allá para que la base de contribuyentes sea mayor y no se cargue todo el peso en los cautivos.

En la economía informal, por ejemplo, hay una oportunidad para ampliar el número de contribuyentes. Son millones de personas en todo el país las que diariamente ocupan espacios públicos para desarrollar sus actividades comerciales sin aportar un centavo para las finanzas nacionales. La situación la aprovechan, por el contrario, dirigentes de comerciantes que son quienes les cobran cuotas, las cuales se van directamente a sus bolsillos o al de una autoridad corrupta.

El punto que une a muchos de los grandes consorcios y a los comerciantes informales es que hasta ahora han podido librar el pago de impuestos, lo cual no debería darse más. Uno de los cambios pendientes en el país es la equidad fiscal. ¿Por cuánto tiempo más?

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