Las dos caras del cabildeo

Editorial EL UNIVERSAL

El cabildero es una figura del argot legislativo que se aplica a personas que actúan como gestores o intermediarios de grupos con un interés específico (por ejemplo empresas o sectores comerciales o industriales) o como representantes de agrupaciones sociales, para gestionar acciones de los diputados en favor de obtener un beneficio concreto o en contra de asuntos que los afecten.

En su mejor acepción, son vistos como puente de negociación entre particulares con los legisladores y como representantes o voceros de la sociedad ante quienes se encargan de proponer y aprobar, modificar o desechar las leyes, conforme surgen nuevas necesidades. 

Sin embargo, el cabildeo también tiene un lado oscuro y es que su función y cercanía con el poder legislativo ha llevado a algunos de estos representantes a caer en prácticas de corrupción, que se manifiestan en sobornos —a veces inocentes, a veces descarados— y la decidida compra de voluntades, especialmente cuando lo que está en juego son posibilidades de negocios multimillonarios o hay importantes afectaciones a sectores productivos o particulares.

Si bien la mayor parte de los cabilderos son designados por sectores empresariales o industriales, o por agrupaciones civiles para actuar como intermediarios; los hay también quienes ofrecen sus servicios ante quienes podrían verse afectados por iniciativas o decisiones que se produzcan en la legislatura. Estos últimos —los cabilderos independientes— se encargan de investigar y estar al tanto de lo que se propone o se intenta llevar ante el pleno, para de ahí llevar propuestas y presentar estrategias de cabildeo ante asociaciones, cámaras, empresas o inversionistas que pudieran verse afectados o para recomendar el aprovechar nichos de oportunidad o adelantarse a los competidores. 

Los cabilderos ya están regulados bajo un padrón —con registro actual de 417 personas, tanto mujeres como hombres— para tener el acceso al recinto legislativo, además de que se cambiaron las reglas de su relación con los legisladores luego de que hubo grandes escándalos porque algunos compraban la voluntad de los diputados llevándolos a viajes o eventos como la competencia de la Fórmula 1.

Sin embargo su registro e identificación no impide que no busquen ejercer presión a través de otros métodos que no son lícitos. Es necesario que se vigile aún más su mediación que en muchos casos es tan necesaria como un aceite para lubricar la relación entre la sociedad y sus legisladores, pero sin que llegue a prender fuego a ninguno. 

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