Se ha vuelto casi lugar común que, en los procesos electorales, se afirme que el ganador es el Instituto Nacional Electoral por su organización, transparencia y eficacia. La forma a la que el país le ha apostado para realizar comicios, luego de décadas en las que el gobierno federal fue juez y parte en la materia, ha mostrado su efectividad en decenas de elecciones. La alternancia se ha consolidado y la posibilidad de alcanzar el poder es prácticamente la misma para cualquier fuerza política.
A pesar de ello, desde la Presidencia y del partido en el gobierno la queja ha sido que los órganos electorales, federal y estatales, no sirven y se encuentran al servicio de los intereses de los partidos tradicionales y de los grupos de poder económico.
La intención, hecha pública desde el Ejecutivo federal, es proponer una reforma que altere la forma en la que el INE se desempeña y en la que se eligen a los consejeros electorales.
Aunque la propuesta de reforma electoral no ha comenzado a discutirse en el Congreso, ya hay una cruzada contra el instituto. El estrangulamiento económico al que fue sometido este año es apenas una muestra. La reciente resolución de la Suprema Corte para que no se incurra en ello o para que el Poder Legislativo lo justifique de manera clara, le da la razón al sistema electoral con el que contamos.
Sin duda hay procesos que pueden cambiarse o mejorarse, como la reducción del costo de las elecciones o la disminución de las asignaciones económicas a los partidos, pero ¿para qué modificar algo que está funcionando de manera adecuada?
La propuesta de transformar al instituto resulta paradójica y contradictoria, pues con este esquema el partido en el poder ha logrado decenas de triunfos.
El INE opera simplemente de acuerdo con lo que le establece la ley electoral.
Sus dos grandes virtudes son su autonomía y lograr en cada proceso el involucramiento genuino de un ejército ciudadano en las jornadas electorales. Trastocar esos puntos centrales significaría regresar a una época que parecía superada en la historia del país.
Si de lo que se trata es de orquestar una revancha contra la entidad que supuestamente instrumentó un fraude electoral en 2006, que no permitió ganar en esa ocasión al actual presidente del país, sería echar a la basura lo que es un gran proyecto nacional y actuar en detrimento del sistema político mexicano y de toda la población con derecho a votar y elegir a sus representantes.
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