Al comentar sobre la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pone un buen punto sobre la mesa al cuestionar la puerta abierta que se dio a las agencias de investigación de nuestro vecino del norte durante la administración de Felipe Calderón, misma que se restringió algo durante el posterior sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando todo el intercambio se canalizó exclusivamente hacia la Secretaría de Gobernación encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.

Antes de eso, cada institución de seguridad (PGR, Sedena, Marina, etc.) establecía contactos directos e independientes con las correspondientes dependencias y agencias norteamericanas del ramo, lo cual en sí no es criticable pues se trata de convenios necesarios e ineludibles, especialmente cuando naciones que son vecinas comparten los mismos problemas de seguridad, por lo que cualquier colaboración e intercambio de información es no solo comprensible sino hasta deseable.

Pero el señalamiento de López Obrador tiene mucho sentido cuando ahora se sabe que la DEA hace vigilancia sobre ciudadanos mexicanos, haciendo que de la cooperaciónse pase a la intromisión.

En esta relación, es de suponer que tanto la DEA como otras entidades similares de Estados Unidos como la CIA o el Departamento de Estado, ven con preocupación cómo la violencia y la inseguridad están prendiendo múltiples focos rojos al sur de su frontera, y por tanto es grande la tentación de intervenir, incluso pasando por encima de acuerdos internacionales y del respeto a la soberanía del vecino.

Se ha hablado por mucho tiempo de incursiones y violaciones al espacio aéreo mexicano por parte de aeronaves militares estadounidenses en misiones de observación que bien podría rayar en el espionaje, bajo el supuesto de que se trata de detectar posibles riesgos que pudieran eventualmente atravesar la frontera y afectar tanto a sus ciudadanos y sus intereses materiales y estratégicos.

Ahora hay que preguntar, aprovechando esta coyuntura de la relación bilateral en la víspera de la jornada electoral presidencial norteamericana, cuál es el papel actual de las agencias de Estados Unidos —incluida la DEA— en el territorio y la administración federal de México. ¿Hay algún análisis? ¿Se cuenta con un diagnóstico fidedigno del estado que hoy hay de esa relación?

Si lo que se quiere es explorar el pasado de las agencias norteamericanas en México, hay que empezar haciendo un corte de caja con el presente.

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