La otra secuela de los feminicidios

Editorial EL UNIVERSAL

Indignación, odio, coraje y reclamo de justicia es la reacción natural natural ante cada feminicidio, ante los miles de feminicidios que se cometen cada año en el país. Pero hay una consecuencia poco conocida y que alcanza registros dramáticos: por cada mujer asesinada quedan un promedio de 2.2 menores de edad huérfanos.

Desde diciembre de 2018 hasta marzo de este año el gobierno federal censó a 4,966 menores de edad en orfandad por los asesinatos de sus mamás; registros preliminares del mes de abril agregan a 106 menores, para un total de 5,072. Cada día, casi seis niñas o niños se quedan sin sus madres porque sus esposos o parejas las asesinaron. ¿Qué futuro les espera? ¿Cómo garantizar que tienen acceso a todos los satisfactores para su sano desarrollo?

Conocer la cifra es apenas un paso necesario de las autoridades para otorgar apoyos, pero si la ayuda no se agiliza podría ser demasiado tarde. En varios casos, los huérfanos se encuentran bajo resguardo de feminicidas que no han sido procesados o viven bajo el mismo techo de familiares de los asesinos, donde ahora son víctimas de maltrato, además de ser estigmatizados y culpabilizados de que sus padres se encuentren presos.

La puesta en marcha de protocolos avanza de manera lenta. Apenas Oaxaca y Coahuila tienen programas para que en el momento en que ocurre un feminicidio se indague si la víctima dejó hijos en orfandad y se proceda a dar aviso al DIF local, que acudiría en su auxilio.

Otro punto clave, además del apoyo que les garantice los medios suficientes para subsistir y recibir educación, es la atención sicológica. Todo menor de edad en esa situación tendría que obtener de inmediato la ayuda de profesionales. Así, podría garantizarse que su crecimiento se dé en situaciones normales, transiten de manera adecuada sus duelos y los varones no repitan patrones de violencia o las niñas adopten comportamientos sumisos ante hombres violentos.

El número de feminicidios no ha hecho más que aumentar en los últimos años, con elevados índices de impunidad (colectivos feministas la ubican en 97%). Si no hay determinación de las autoridades –en todos los niveles de gobierno– para castigar a los culpables, difícilmente se erradicarán las muertes, y si no hay atención oportuna para quienes quedan en orfandad, el daño social al país será por partida doble. México estaría dentro de un círculo vicioso de violencia y de condenar al olvido a miles de menores. No puede haber un escenario de mayor injusticia.

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