Aumentar el número de policías en un país asolado desde hace décadas por la violencia es una acción obligada, pero no la única y mucho menos debe ser considerado el final de las acciones de seguridad. Más bien, debería ser el inicio de un proyecto más ambicioso que comience con el incremento de elementos y continúe con la capacitación, la dotación de equipo suficiente y con exámenes de control de confianza periódicos.
El simple hecho de elevar el número de agentes no basta, en un país donde decenas de corporaciones policiacas en los municipios han tenido que ser intervenidas de manera total por fuerzas militares para cortar todo nexo con grupos criminales.
Las propias autoridades lo han reconocido y por ese motivo en junio de 2019 el Consejo Nacional de Seguridad Pública –en el que participan el gobierno federal y los gobiernos estatales– acordó un plazo adicional de 18 meses para que las instituciones de seguridad pública federales y locales cumplieran con el requisito marcado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de certificar a sus policías. El acuerdo se publicó en septiembre de ese año, y el plazo venció en marzo pasado sin que se haya cumplido con lo estipulado.
En el informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que entregó en abril al Senado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con datos a febrero de 2021, los estados han certificado a dos terceras partes de sus agentes (116 mil de un total de 177 mil). En las policías municipales se lleva un avance de 63%, correspondiente a 80 mil 432 elementos de un universo estimado de 125 mil 908.
Pero el mayor rezago se encuentra en la Guardia Nacional, que apenas ha certificado 10 mil 396 (9.9%) de sus 104 mil 267 elementos.
El Certificado Único Policial se otorga a quienes aprobaron las evaluaciones de control y confianza, físicas, toxicológicas y de conocimiento para desempeñar la función policial.
En este caso, como en otros de la vida pública del país, las leyes pueden dibujar un escenario ideal, pero la autoridad es la primera en incumplirla. En el informe citado se argumenta que la situación de la pandemia por el coronavirus retrasó la realización de pruebas, lo cual es entendible; lo que no se explica es la enorme diferencia entre el avance que registran municipios y estados, y el rezago que existe en el ámbito federal, que debería poner el ejemplo.
México acumula casi una década con el tema de profesionalización policial y realización de exámenes de control de confianza, sin que pueda alcanzar aún lo que establece la ley. ¿Desinterés? ¿Descuido? ¿Falta de voluntad? ¿Falta de recursos? Cualquier respuesta es inaceptable.
