La justicia estancada

Editorial EL UNIVERSAL

La súbita aparición de la pandemia del coronavirus dejó alrededor del mundo calles desiertas, familias y personas enclaustradas, así como centros de trabajo paralizados.

La súbita aparición de la pandemia del coronavirus dejó alrededor del mundo calles desiertas, familias y personas enclaustradas, así como centros de trabajo paralizados.

La parálisis, sin embargo, no es total. Los hospitales se encuentran llenos de actividad, los gobiernos de todos los niveles no se han detenido, la industria de alimentos continúa su curso normal.

De manera general la población cuenta con servicios básicos. Sectores como la educación (pública y privada) y el entretenimiento se adaptaron rápidamente a las nuevas condiciones, pero hay áreas que no han reaccionado y ocasionan afectaciones a la ciudadanía.

En la Ciudad de México, por ejemplo, los tribunales locales del poder judicial disminuyeron al mínimo sus actividades. Entre marzo y mayo se dejaron de recibir un estimado de 64 mil 692 juicios -promedio registrado en 2018 y 2019 en esos meses-, afectando la resolución de problemas en materia de lo familiar, civil y penal.

La impartición de justicia presenta pronunciados atrasos en todos los rincones del país. El cierre como consecuencia de la pandemia dejará retrasos nunca vistos y no hay indicios de normalización en el sector.

Las adecuaciones que se vieron casi de manera inmediata en varios sectores siguen sin darse en la impartición de justicia de manera generalizada en la República. Debe ser momento para aprovechar las facilidades que brinda la tecnología actual para echar a andar también proyectos de justicia a distancia.

Es bastante probable que el mundo tenga que convivir con el coronavirus todavía varios meses, con el inminente riesgo de rebrotes. Por ello, la impartición de justicia en la capital del país, en estados y municipios no puede esperar a que todo vuelva a la normalidad.

La atención de casos urgentes es lo mínimo que se esperaría del Poder Judicial. No hacerlo sería incomprensible. La meta, sin embargo, debe ser más ambiciosa. Hay millones de personas en el país que necesitan de tribunales y jueces para resolver problemas de enorme importancia en lo individual y familiar. Evadir su atención va contra el derecho humano a la justicia.

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