Un capítulo más de la guerra por el agua que ha detonado en el estado de Chihuahua, escala a un nivel de mayor intensidad tras de que el gobierno federal por primera vez congela las cuentas bancarias de funcionarios y exfuncionarios estatales e incluso de un municipio aduciendo corrupción, dejándolo sin dinero con el cual operar para atender sus necesidades más básicas.
Entre los afectados por la medida determinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se encuentra el exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el actual presidente municipal de Delicias, Eliseo Compeán, ambos identificados por el gobierno federal como instigadores de las movilizaciones de habitantes y productores agrícolas en torno al conflicto por las aguas de la presa La Boquilla, las cuales, de acuerdo a un convenio binacional establecido con Estados Unidos en 1944, son transferidas en una parte a ese país en compensación por otros beneficios que México obtiene en materia hídrica.
Los campesinos y habitantes de la región en torno a la presa manifiestan que se les despoja del líquido que ellos requieren para sus cultivos, por lo que se oponen a que el gobierno federal cumpla con su compromiso con el vecino del norte, mientras que desde la capital mexicana se asegura que el convenio lejos de dejar sin recursos vitales a México, es ventajoso para la nación, ya que recibe en intercambio más agua de la que se entrega a los estadounidenses.
El congelamiento de cuentas es el escalamiento de un conflicto que de forma muy rápida pasó de ser un conflicto social a convertirse en uno político, en donde incluso un exgobernador ha sido involucrado en la Estafa Maestra, estableciendo una ruta cada vez más complicada en la que es evidente que se trata de ocultar lo que realmente está detrás de las movilizaciones de cientos de chihuahuenses y que incluso ha cobrado algunas vidas de manifestantes.
Además, es también el comienzo del cobro político que desde el centro se hace a uno de los estados en rebeldía, lo que es sólo una faceta más de la confrontación entre los gobiernos estatales con el federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se recrudece tras la fractura de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
