La arraigada piratería

Editorial EL UNIVERSAL

En México y en el mundo hay empresas y personas que hacen de la creatividad una forma de ganarse la vida. Diseñan y producen contenido audiovisual, ropa, calzado, accesorios, que a fuerza de su calidad y originalidad tienen alta demanda. En países donde el Estado de derecho es una realidad plena, nadie puede reproducir partes o el todo de esos productos sin pagar los respectivos derechos.

En el país —desafortunadamente— la copia de artículos es una práctica común desde hace años, sin que haya sido erradicada o disminuida. En el sector informal se encuentran ropa, accesorios, perfumes... que aparentan ser originales, pero son apócrifos.

México ha recibido presiones externas para acabar con el problema, especialmente de su principal socio comercial, Estados Unidos. En esta ocasión viene un nuevo reclamo, ahora de la Comisión Europea.

Un documento que publica hoy este diario menciona que en México el problema es “generalizado y desenfrenado” y coloca al país junto a otras naciones que se encuentran en la misma situación: Argentina, Brasil, China, Ecuador, India, Indonesia, Arabia Saudita, Tailandia, Ucrania y Vietnam.

Debido a que México se comprometió a respetar derechos de propiedad intelectual en negociaciones comerciales con la Unión Europea, el país estará bajo monitoreo “particular”.

Situaciones que de manera interna son un secreto a voces trascienden el ámbito local y son recopiladas en el informe. El texto señala las siguientes: 1) los productos falsificados y pirateados a menudo no son destruidos por las autoridades policiacas y encuentran su camino de regreso al mercado informal. 2) Existe un bajo nivel de eficiencia de las autoridades aduaneras y 3) México es la segunda fuente más grande de películas grabadas ilegalmente.

En nuestro país el fenómeno tiene al menos dos aristas relevantes. La principal es la debilidad en la aplicación y prevalencia de la ley. No es raro que la venta de artículos pirata ocurra cerca o incluso frente a oficinas oficiales. Pero tampoco se puede dejar de lado que para millones de personas que ganan el salario mínimo una película pirata —por ejemplo— es más barato que acudir al cine.

Este tipo de escenarios solo hablan de una “normalización” de la práctica, pero en el fondo representan algo más grave: el poco o nulo respeto por la ley, tanto de la autoridad como de buena parte de la ciudadanía.

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