Juzgados: cierre con alto costo social

Editorial EL UNIVERSAL

A raíz del incremento de contagios de Covid-19 en la capital, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) anunció la suspensión de sus actividades en lo que resta del año, para retomarlas, en el mejor de los casos, en la primera semana de 2021.

Si bien son medidas que pretenden ayudar a reducir la propagación del coronavirus, también hay que sopesar qué tan sano es clausurar la impartición de justicia, en la que parece que nadie toma en cuenta la gran afectación que se da a familias por los cierres ni el retraso tecnológico que impide al personal judicial subsanar esa carencia y trabajar a distancia en favor de miles de demandantes de justicia.

Se tiene que valorar el costo social de que los juzgados también paren labores, puesto que en teoría la impartición de justicia es algo que nunca debería parar. Hay familias completas cuyo destino depende de resoluciones judiciales —como lo son los juicios de demanda de pensión alimenticia— y que no pueden esperar a que se retomen labores en los juzgados, cuyos procesos son de por sí tardados por la saturación y el trabajo acumulado de meses o hasta años que toma ver caso por caso.

Y como lo prevén tanto usuarios como abogados, el regreso a las labores se traducirá en un cuello de botella, pues se juntarán tanto los casos ya acumulados de meses o años atrás, los que se quedaron suspendidos por el cierre y los nuevos que se acumulen durante el lapso en suspensión.

La impartición de justicia es uno de los sectores del gobierno federal en el que existe el mayor rezago tecnológico y en donde muchos de los juicios se siguen resolviendo con procesos vigentes desde hace más de 70 años. Si bien el trato presencial es un recurso válido para humanizar la justicia, el recurrir a la denominada justicia digital cuenta todavía con demasiadas reticencias tanto por parte de jueces y abogados, como por parte de los usuarios que se sienten en el desamparo tecnológico, toda vez que de por sí desconocen los procedimientos en materia civil y la terminología jurídica, que es ya en sí una limitante y una desventaja a la hora de solicitar se haga justicia.

Para ello sería interesante adoptar la serie de recursos que proponen investigadores jurídicos como Miguel Carbonell, quien habla de incorporar expedientes electrónicos, audiencias telemáticas, sistema de notificaciones virtuales, uso de firma electrónica e incluso desahogo de pruebas vía internet, entre otras posibilidades que se pueden explorar en favor de proveer justicia de manera remota. Es tarde pero no imposible.

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