Más de 17 mil bienes, en su mayor parte equipo de oficina y de comunicaciones, por un valor que rebasa los 126 millones de pesos, sigue reportado como faltante por el Instituto Nacional Electoral (INE) a su Órgano Interno de Control, aun cuando funcionarios del instituto aseguran que los objetos en cuestión no están desaparecidos sino solamente mal clasificados, y que ya se encuentran trabajando en la actualización de su inventario.

De los equipos, muebles y hasta vehículos no localizados en una auditoría de Gestión Financiera, cuyo informe encendió los focos rojos de la actual administración y ameritó turnar el caso a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el INE señala que se trata simplemente de un desfase en la conformación de sus inventarios, en los que se encuentra una gran cantidad de artículos y equipos que van desde mobiliario de oficina hasta computadoras, cámaras fotográficas y de video, plantas de electricidad, y dispositivos de telecomunicaciones, así como 116 vehículos utilitarios cuyo paradero aún no ha sido precisado a los auditores internos. En su mayor parte, los bienes no han sido dados de baja —a veces por falta de la documentación necesaria para el proceso—, mientras de otros se espera el pago del seguro para su reposición, sustitución o compostura. Es el caso de los automóviles y camiones que resultaron objeto de robo o de siniestro, pero que los funcionarios responsables indican que en cada caso se inició el trámite respectivo ante las compañías aseguradoras.

Puede que el retraso y el caos para mantener al día los inventarios en el INE sea una más de las consecuencias atribuibles a las restricciones presupuestarias a las que se ha visto sometido el instituto electoral, donde el personal destinado a esas funciones ha sido reducido y el restante se ha visto rebasado por la carga de trabajo acumulado desde que se realizaron los ajustes.

Sin embargo, la enorme cantidad de bienes señalados como desaparecidos por los auditores internos del INE generan suspicacias no sólo al aparato estatal sino a la opinión pública que ante el monto de artículos perdidos, aun cuando se tratara efectivamente de un rezago en la elaboración de inventarios, hacen pensar que tales objetos, o el dinero generado por su venta, se encuentran ya en posesión de manos ajenas al INE, en momentos en que la lucha anticorrupción está en marcha. No se deben hacer cosas buenas que parezcan malas.

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