Los países en el mundo tienen una manera central para obtener recursos y ofrecer servicios a sus ciudadanos: el cobro de impuestos.
Hay naciones como Francia que en 2018 sus ingresos tributarios representaron 46.1% de la riqueza que generó ese año. En materia porcentual, ningún otro país obtuvo un mayor nivel.
De acuerdo con la OCDE, ese mismo año los recursos que México captó vía el cobro de impuestos equivalieron apenas a 16.1 por ciento del Producto Interno Bruto. En América Latina, al menos una decena de gobiernos recaudaron más que México: Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Chile y Ecuador.
En México ha sido común que la recaudación fiscal se nutra principalmente de la clase trabajadora cautiva y del impuesto al consumo. Mientras eso ocurre, en los últimos años se dio un trato preferencial a los grandes consorcios con perdones fiscales y condonación de impuestos que alcanzó más de 500 mil millones de pesos.
La cultura fiscal en México durante años ha sido la de tratar por todos los medios de no pagar o de reducir los montos… y se lograba. Particularmente los grandes consorcios preferían invertir grandes cantidades en abogados fiscales y en litigios que cumplir sus obligaciones.
El gobierno actual impulsó leyes para evitar ese tipo de trato. A empresas que aún estaban en esa falta se les solicitó el pago de adeudos y la estrategia ha dado resultados. La hacienda pública ha obtenido en lo que va del año casi 28 mil millones de pesos, por casos de evasión y fraude, tanto de grandes contribuyentes como de empresas medianas. El acuerdo alcanzado incluía reparar el daño al erario y reconocer de manera pública que actuaron mal e invitar a contribuyentes a no seguir su ejemplo.
El pago de impuestos es un tema de justicia social y de redistribución de la riqueza, por lo que es buena noticia que terminen por completo los casos en los que había excepciones y negociaciones al margen de la ley.
A cambio, el ciudadano y las empresas tienen que confirmar una transformación en la prestación de los servicios públicos. Más que repartir dinero para crear clientelas políticas, el país requiere tener servicios (seguridad, educación, salud) a la altura de los que ofrecen país desarrollados. Ese sería el mejor aliciente para generar una cultura fiscal comprometida. No hay de otra.
