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Con el avance tecnológico de los últimos años llegó también una nueva forma de hacer negocios: la economía digital. Para crear una empresa ya no es necesario tener grandes instalaciones físicas sino una rápida conexión a internet y una amplia capacidad para resguardar datos. Las transacciones se hacen en un espacio virtual –la llamada nube– desde cualquier parte del mundo y desde el teléfono inteligente más sencillo.
Las regulaciones a ese tipo de economía, así como el cobro de impuestos, se están comenzando a fijar en varias regiones del mundo, aunque es un tema de intensos debates.
En México, hay varias iniciativas en discusión para gravar las actividades de la economía digital, a partir de abril próximo, con el fin de que impacte en la recaudación fiscal de 2020. Quienes serían afectados piden un plazo de un año para empezar a cumplir con las nuevas reglas y suavizar las sanciones que están siendo previstas en la ley.
A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció la semana pasada que el diseño que está elaborando en materia de derecho fiscal aplicado a la economía digital partirá del principio de que las grandes corporaciones deben pagar impuestos ahí donde estén sus usuarios sin importar el país en el que tengan su domicilio fiscal.
En América Latina, la Cepal recomienda también gravar los servicios que ofrecen las empresas digitales. En el reporte Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, señala para México una recaudación potencial de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 177 millones de dólares al año (unos 3,540 millones de pesos) si Uber, Spotify, Netflix y Apple enteran ese impuesto.
Con el fin de evitar leyes de tintes draconianos, que podrían afectar al sector digital, legisladores y las empresas deben iniciar encuentros para avanzar de manera consensuada. Es un hecho que las compañías pugnarán por la menor afectación, pero eso no tendría que descartarlas para escuchar sus puntos de vista.
Además, la coyuntura debería aprovecharse para ir más allá del tema fiscal solo enfocado en los poderosos consorcios digitales. Hay pequeñas y medianas empresas tecnológicas nacionales que, por el contrario, podrían recibir estímulos fiscales para impulsar su crecimiento.
En el Congreso debe haber visión para identificar este momento como una oportunidad para sentar las bases de una regulación con vistas al futuro, que trascienda el interés meramente recaudatorio.
