Finalmente se toman cartas en el asunto para combatir presuntos tráficos de influencias que además alientan prácticas monopólicas, luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer el pasado 10 de mayo una situación irregular por la que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), giró instrucciones a su personal para que cargaran gasolina o diésel para los 16 mil vehículos con que cuenta la dependencia, en solo 21 estaciones de servicio de un universo de aproximadamente mil 100 gasolinerías de diversas marcas que operan en la capital.

Por lo que se calificó como faltas administrativas de servidores públicos por las cuales se beneficia de manera exclusiva a una sola compañía abastecedora de combustible, es que la Contraloría General de la Ciudad de México (CDMX) inició una investigación al interior de la SSC para detectar a los responsables de esta irregularidad.

Aunque el gobierno de la Ciudad de México inicialmente desestimó el señalamiento hecho por El Gran Diario de México, y justificó la orden dada por la SSC al explicar que así se obtenía un ahorro y se evitaban malas prácticas, lo cierto es que se estimulaba así acciones de carácter monopólico, por la cual la empresa gasolinera beneficiada podría haber percibido un monto de hasta mil 400 millones de pesos en un año.

Es un hecho que por un lado no deben de permitirse actos ilícitos o fuera de la legalidad dentro de las instancias gubernamentales, y por otro no salir de inmediato a descalificar y luego tener que regresar a admitir que sí había negociaciones turbias que requieren corrección. 

Es positivo que desde el propio gobierno capitalino se investigue, ya que no es bueno que se otorgue ese tipo de contratos a una sola empresa sin concurso previo, por lo que será útil ver de qué forma se procedió para asignárselo, los criterios que se tomaron en cuenta —como el del ya citado ahorro— y si se cotizó o comparó con otras empresas del ramo antes de tomar una determinación o se dio simplemente por adjudicación directa. 

La exigencia constantes es que todos los actos del gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) se conduzcan bajo criterios de transparencia. Es lo mejor, para evitar suspicacias. Decisiones como ésta se deben poner bajo sospecha porque precisamente ese tipo de actos son los que el gobierno federal y capitalino han manifestado su intención de erradicar y que tanto se le han recriminado a los gobiernos anteriores de los que se dice ser distinto a ellos.