Como pocas veces una autoridad en este país tiene la oportunidad de marcar un precedente y enviar un mensaje de contundencia para condenar los feminicidios y la violencia en general contra la mujer.
El ataque a Fernanda Olivares, de 26 años, el pasado 12 de junio, cuando fue embestida intencionalmente por el conductor de un vehículo, luego de un altercado en una fiesta, adquiere un matiz diferente tras el lamentable fallecimiento de la víctima, después de permanecer más de 21 días hospitalizada.
Del caso hay imágenes que se viralizaron en redes sociales, varios testimonios que relatan la forma en que se desencadenaron los hechos y, además, el agresor se entregó voluntariamente.
Los delitos que afectan principalmente a las mujeres se encuentran desde hace años en una espiral alcista, que no se ha detenido. En los primeros cinco meses de 2021 los feminicidios, las violaciones y la trata de personas se incrementaron 7.1%, 30.5% y 47.5%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2020. De enero a mayo se contabilizaron 423 asesinatos contra mujeres en el país por razón de género, cifra mayor a los 395 ocurridos en igual periodo del año pasado.
La sociedad mexicana se encuentra muy lejos de crear entornos de seguridad para la mujer tanto en los hogares como en espacios públicos. Puede haber apoyos económicos, campañas de concientización y protección efectiva para mujeres que enfrentan violencia, pero mientras no se registren los correspondientes castigos judiciales en cada caso, de poco servirá todo lo demás.
En un país en el que se han llegado a registrar hasta 10 feminicidios al día, la sociedad estará atenta al desarrollo del proceso judicial y a la aplicación estricta de la ley.
Toca a la autoridad de la Ciudad de México conformar un expediente apegado al debido proceso para que el sistema judicial capitalino envíe un mensaje de cero impunidad en las agresiones a las mujeres. El interés por eliminar o disminuir este tipo de delitos debe comenzar por indagatorias expeditas y profesionales para que los procesos cumplan con resarcir el daño a víctimas.
Está demostrado que si las agresiones quedan sin castigo los delitos en los que las mujeres son las principales víctimas continuarán en aumento. La condena a responsables es indispensable para que se pueda afirmar que en realidad se está actuando en favor de las mujeres. Si eso no ocurre, nunca podrá decirse que este país cuida a sus mujeres.
